No más deuda ni subir impuestos en Morelos: diputado Javier García

CUERNAVACA, Mor., 31 de agosto 2018.- El pasado 1° de julio, México vivió un momento histórico. Una gran mayoría votó por una opción que propuso iniciar una época de cambios profundos para recomponer un sistema político por demás deteriorado y un país en franco proceso de descomposición. Lo que sucedió ejemplifica cómo las grandes transformaciones sólo son posibles cuando la sociedad toma conciencia y actúa.

El clamor de ese voto fue muy claro: basta a décadas de autoritarismo, despilfarro, corrupción, desigualdad, pobreza e inseguridad. Ese voto masivo se pronunció de forma contundente en el sentido de que lo público deje de estar controlado desde los poderes fácticos, corporativos y clientelares. Por ello, es totalmente claro que en los mexicanos y los morelenses existe una sed de democracia, ética, honestidad y conciencia social en la cosa pública. El pueblo lo exige, y no podemos fallar en hacer hasta lo imposible por cumplir con esas elevadas expectativas.

Muchos desafíos se presentan ante nosotros, y para enfrentarlos tenemos la responsabilidad de actuar de forma institucional y en estricto apego a la constitución, con el objetivo de avanzar hacia una transformación de amplio espectro. Es así que, desde este Congreso Soberano, tenemos la oportunidad de legislar por el bien común de un pueblo agraviado por una generación de gobernantes que ha dañado la dignidad y la nobleza de los morelenses.

Aunque pueda haberse dicho en anteriores ocasiones, es importante señalar que haremos del Congreso del Estado de Morelos un verdadero espacio de diálogo y construcción de acuerdos en beneficio de la ciudadanía, y no en el de intereses de grupos o partidos. Aquí, vamos a legislar con una visión social, profundamente democrática y a la altura de los ejes rectores del cambio por el que votaron los morelenses: lucha contra la corrupción, lucha por la honestidad, por la austeridad republicana, por el apego a la ley en el ejercicio de nuestras atribuciones y democracia participativa. Y también lo haremos desde una perspectiva de equidad de género, con pleno respeto a las comunidades indígenas y sus procesos autonómicos, a las demandas de los jóvenes, y con un trato digno a los discapacitados.

Nuestro Estado tiene grandes problemas de inseguridad, y se encuentra dentro de la franja más negativa a nivel nacional. De acuerdo con la organización civil “Semáforo Delictivo”, Morelos se ubica dentro de los estados con mayores índices de violencia de alto impacto en el primer semestre de 2018. Es el quinto lugar en secuestros, tercero en violaciones, sexto en violencia intrafamiliar, sexto en feminicidios, noveno en homicidios y décimo tercero en robo de automóviles. En esta cuarta transformación, es reto compartido para la sociedad y el gobernador electo, colaborar en la disminución de estas terribles tendencias que dañan la vida de los morelenses.

La inseguridad en el Estado y el país, ha generado la comisión de cientos de miles de ilícitos cada año, y ha traído como consecuencia que tengamos cifras similares a las de un conflicto bélico, entre muertos, desaparecidos y desplazados. El dolor que han sufrido las Víctimas de Delitos, resulta incalculable y no hay reparación del daño que compense la pérdida de un hijo, de un padre, una madre o cualquier familiar. Mi profunda solidaridad para los morelenses que han sido Víctimas de Delitos. Al respecto, asumimos el compromiso de revisar el marco jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, y en especial la Ley de Víctimas del Estado, a efecto de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las Víctimas y, en coordinación con la sociedad civil y sus diferentes espacios organizados, trabajaremos para lograr una efectiva transformación del Estado en la materia.

Otro desafío importante radica en iniciar una amplia y frontal lucha contra la corrupción. Un flagelo de alcance mundial y de data histórica, que merma en muchos sentidos el accionar de grandes sectores de la sociedad que actúan honestamente y de millones de trabajadores que se lo dan todo día a día para ganar un salario de forma digna, el cual, por cierto, mostró en el Estado de Morelos una disminución anual de 5.5 % entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, de acuerdo al CONEVAL. Estas cifras son el resultado del cuestionable trabajo que han realizado las administraciones pasadas. Por ello, nuestro reto debe ser revertir esta situación a través de un verdadero desarrollo económico y social del Estado.

No es novedad señalar que en nuestro país la imagen del político y las instituciones se ha vuelto inseparable de la corrupción. ¿Cuántos funcionarios no han terminado sus períodos con enormes fortunas mal habidas? ¿Cuántos de estos funcionarios, han beneficiado de manera ilegal a sus familiares, o han utilizado las instituciones fiscalizadoras del Estado para instalar a sus incondicionales y evitar los procedimientos administrativos de responsabilidad y la investigación de posibles ilícitos que cometieron en sus administraciones?

Con todo y los altos niveles de impunidad que México ha vivido en las últimas décadas, por actos de corrupción hoy en día hay ex gobernadores, presidentes municipales y políticos, en la cárcel o prófugos de la justicia. Ya no resulta noticia el hecho en sí mismo, sino las cantidades que desviaron para su beneficio personal o para sus intereses partidistas. Como aquel famoso presidente municipal en Nayarit que como candidato a la reelección decía en plena campaña, y de forma ciertamente descarada, que durante su período sólo había robado un poquito.

Debemos comenzar por la educación dentro de las mismas instituciones públicas, pues nuestro estado es uno de los nueve a nivel nacional que no cuenta con un programa de formación en anticorrupción para los servidores públicos de la administración estatal. Por ello, es tarea urgente no sólo crear y perfeccionar las leyes que persigan y castiguen la corrupción, sino impulsar entre los tres poderes del Estado de Morelos una cultura del servicio público caracterizada por el respeto absoluto a las leyes y con un gran sentido social, bajo principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los intereses colectivos de los ciudadanos.

Como sociedad, tenemos que hacer una profunda reflexión del daño que causa la corrupción y de los altos costos que representa. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, realizada por el INEGI, Morelos fue el primer lugar a nivel nacional en Víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes, mientras la media nacional fue de 12,590 personas, en nuestro estado se alcanzó la cifra de 20,092. También, ocupó el sexto lugar en Actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, con 29,740, siendo la media nacional 30,097.

Un siguiente eje rector del cambio que iniciamos, y que tiene una relación intrínseca con el combate a la corrupción, es el planteamiento que hizo durante su campaña el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador: la austeridad republicana. Modificar la concepción de que el Estado es una fuente de ganancia, de ascenso social y una oportunidad para la corrupción, resulta una necesidad imperiosa. Pero ello no se logra con discursos y buenas intenciones. Es necesario dar pasos concretos, basados en la ética y la congruencia. En ninguna parte del mundo, y mucho menos en un país tan desigual como el nuestro, con 60 millones de compatriotas bajo el nivel de pobreza, resultan aceptables los altos salarios, la opulencia y el despilfarro de quienes conducen las instituciones del Estado.

Siguiendo las primeras acciones que se están preparando en el próximo gobierno federal y desde el Congreso de la Unión, necesitamos en el Legislativo de Morelos elaborar e impulsar iniciativas que disminuyan los salarios de los altos funcionarios del estado, elevar los de los que más bajo ganan, eliminar cualquier variante de gasto suntuoso, realizar un profundo análisis del marco normativo del Estado para evitar la duplicidad de atribuciones en las dependencias y entidades de la administración pública estatal y planificar con alta responsabilidad moral el manejo del presupuesto público, a través de programas orientados al desarrollo económico del Estado. Recordemos que esos recursos se generan con el trabajo de millones de ciudadanas y ciudadanos, a través del pago de sus impuestos. Ese dinero no es propiedad del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, ese dinero no es nuestro, es de los morelenses, y para su beneficio debe estar destinado.

Por ello, el principal reto de la austeridad republicana consiste en diseñar y construir la cultura y la conciencia de que ocupar un espacio en el Gobierno del Estado, como servidor público, como legislador o como miembro del poder judicial, es un compromiso ético, un compromiso con la sociedad, una responsabilidad de servir, y no servirse. Resultará de gran trascendencia para nuestro Estado que los funcionarios que designe el Gobernador Electo para la próxima administración sean de una honestidad intachable y con los mejores perfiles de experiencia y conocimiento sobre las áreas que tengan bajo su responsabilidad. Tengo la plena convicción de que podemos convertir a Morelos en un referente nacional de austeridad, honestidad, eficiente y uso racional de los recursos.

Vivimos tiempos complejos y desafiantes, que sin duda requieren unificar miradas para crear caminos compartidos que ofrezcan soluciones concretas a demandas históricas. La transformación y evolución del modelo democrático no puede entenderse sin una plena participación popular, directa, sin mecanismos reales y tangibles en los que la sociedad no sólo sea protagonista de un desarrollo justo y equitativo sino en el que el poder político esté integrado bajo una perspectiva colectiva y nacional.

Por ello, realizaremos un análisis profundo de la Constitución Política del Estado, y en particular de la Ley de Participación Ciudadana, a efecto de revisar si los mecanismos de participación como el Plebiscito, el Referéndum, la revocación de mandato y la Iniciativa Popular, son verdaderamente accesibles y viables para la sociedad en el entorno de su opinión frente a la toma de decisiones de trascendencia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en Morelos. Necesitamos ampliar esos mecanismos, hacerlos eficientes y sencillos, para que la sociedad pueda participar en la definición de políticas públicas bajo la perspectiva de una verdadera democracia participativa.

Por ello, compartimos la visión de la democracia incluyente e integral que garantiza una plena participación política de la sociedad, pero también una igualdad social, esto es, democracia política, democracia social y democracia económica. Así, pensamos en una democracia integral que garantiza la libertad del voto pero también el derecho al trabajo, a la alimentación, la vivienda, el libre acceso a la salud y la educación, el derecho a la participación ciudadana, la libertad de expresión, la cultura, la recreación y el deporte.

Debemos valorar las experiencias de otros países que han aportado al mundo la evidencia de que otra democracia es posible, que el nivel tutelado y restringido que nuestro sistema político ha impuesto por todos los medios, puede ser revocado a partir de la acción de una sociedad organizada, consciente y liberada del conformismo.

Asimismo, debemos plantear la transformación económica y de desarrollo del Estado, a través de elementos de complementariedad que permitan a nuestros productores agrícolas, ornamentales y ganaderos, a los comerciantes y al sector empresarial establecer afinidades de consumo y necesidades de servicio que nuestro Estado produzca y que requieran otros estados o inclusive países.

De igual forma, en coordinación con el Gobernador Electo y en el ámbito de nuestras atribuciones, debemos asumir el compromiso de que en los próximos 6 años no se suban los impuestos y no se endeudará más al Estado. Se reasignará adecuadamente el gasto público, para priorizar programas sociales y de infraestructura que promuevan el desarrollo económico de los morelenses y de esta manera lograremos distribuir los recursos públicos entre los sectores sociales y las regiones del Estado que más lo requieran.

Es importante hacer conciencia que el planeta ha llegado al límite de su capacidad para la reproducción humana. Existe un camino de la destrucción de la vida y otro de salvación de la humanidad. Ese camino de la destrucción de la vida y la especie humana es el que está siguiendo el sistema económico mundial, el capitalismo, cuya crisis se ha profundizado en las últimas décadas. La mundialización neoliberal ha conducido a una búsqueda salvaje de recursos naturales y estratégicos a través de la guerra, la militarización de las sociedades y las economías, la violación creciente y sistemática del derecho internacional, cuyas secuelas de crímenes, violencias, secuestros, torturas y masacres, están a la vista.

Bajo estas consideraciones, es fundamental que nuestro Estado sea visto con una perspectiva de futuro, generando la conciencia de que la naturaleza y los recursos no son infinitos. Tan sólo hay que revisar las alarmantes cifras que reflejan cómo en el mundo, y nuestro país no es ajeno, todos los días se extinguen especies, se pierden miles de hectáreas de bosque, se contaminan ríos y mares, entre otras formas de la depredación del planeta que hace el ser humano. En nuestro Estado, debemos legislar en favor de la naturaleza, por nuestro presente y sobre todo por el futuro de las siguientes generaciones. Esperamos un compromiso compartido en defensa del medioambiente por parte del próximo gobierno.

De igual forma, resulta imperativo lograr una correcta planeación y preservación de nuestros usos de suelo, que permita el asentamiento seguro y sustentable de la población, con una adecuada cobertura de servicios y equipamiento urbano. Esto significa que debemos considerar un nuevo concepto de desarrollo urbano sustentable, que implique el aprovechamiento y mejoramiento de la infraestructura para enfrentar el aumento de la población, vinculado a un desarrollo regional, y lograr una adecuada planeación de las zonas conurbadas de Cuernavaca, con el fin de generar bienestar y prosperidad para los morelenses.

Ante ello, tenemos el reto de hacer de Morelos un territorio de paz, de sana convivencia y de dignidad. Un espacio en el que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones, en sus legisladores y en los encargados de la justicia. Hago un llamado a que entre los tres poderes del Estado, sobre todo a partir de la próxima administración que encabezará el Gobernador electo Cuauhtémoc Blanco, coordinemos los esfuerzos para estar a la altura de las expectativas de una sociedad que de forma abrumadora votó por el proyecto nacional de transformación que impulsa el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.