Gobierno entrante exige transparencia

CUERNAVACA, Mor., 28 de agosto 2018.- “En los últimos días, hemos sido testigos de las acciones que la administración saliente del gobierno estatal se encuentra realizando.

Vemos que la intención que tienen es provocar un escenario de ingobernabilidad planificada para que estalle al ingreso de la nueva administración a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Ante esto, comunicamos las razones de por qué se le insiste y exige al Gobernador Graco Ramírez la entrega de la información concreta para la transición de gobierno:

a). –  En los trabajos de entrega recepción, sólo han expuesto lo que consideran como logros de cada una de las dependencias a su cargo, sin que se entregue información que permita a la administración entrante conocer los focos rojos que nos lleven a la toma de decisiones, de planeación y proyección en cada dependencia de gobierno; ignorando por completo lo previsto en el artículo 25 de la ley de Entrega Recepción que dice:

Artículo *25.- Al término e inicio de un ejercicio constitucional el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

La comisión receptora deberá tomar conocimiento de la situación que guarda la administración, desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos, y en su caso, obras públicas en proceso, de tal manera que, al momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente la marcha de la actividad pública correspondiente.

b).- El Gobernador Graco Ramírez, ha impulsado reformas en el Congreso del Estado, que impiden y complican cualquier escenario de investigación o auditoría de las distintas dependencias de gobierno, como son las siguientes:

I.- La reforma Constitucional que aumente el número de comisionados en el IMIPE de 3 a 5, buscando con ello que ese órgano oculte la información relativa a su gobierno que pudiere perjudicarle.

II.- La reforma Constitucional que transforma al actual Instituto de la Mujer en un órgano autónomo, en el que se pretende asignar a la diputada Hortencia Figueroa Peralta como titular del Instituto, por un periodo de 6 años.

III.- La reforma Constitucional que exige la participación de las 2/3 partes de los cabildos municipales, cuando antes sólo se requería la mitad mas uno de los municipios, buscando con ello complicar a la nueva legislatura revertir las reformas legales que tanto han indignado en la sociedad.

IV.- La reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado que mantendrá al titular Uriel Carmona Gándara por 9 años en el cargo, creando un impedimento en la investigación de actos de la administración estatal.

V.- La reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia en donde el Fiscal General Uriel Carmona, designó al Fiscal Anticorrupción Juan Jesús Salazar Núñez, por 7 años en el cargo, para cubrir la investigación de actos de la administración estatal.

VI.- La Reforma a la Ley de Presupuesto del 2018, que duplica los fondos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de 320 millones a 740 millones de pesos.

VII.- La reforma a la Ley del Notariado del estado de Morelos, que despoja al gobernador entrante de la facultad de revisar los protocolos de las notarías, sobre todo de aquellos que estén de licencia, como la número 6 de Cuernavaca, Morelos; que fue entregada al actual Fiscal Uriel Carmona Gándara.

VIII.- La aprobación de jubilaciones doradas a más de 180 empleados de primer nivel y familiares a cargo del erario sin cumplir con los requisitos legales.

IX.- La desviación de 40 millones de pesos a favor de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, quitándole ese dinero del impuesto a la nómina e impulso de los atractivos de Morelos de los fideicomisos empresariales.

X.- La reforma legal destinada a ampliar el número de Magistrados de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, pretendiendo impulsar a dos familiares de diputados actuales para ese cargo.

No descartamos que a poco más de un mes para que esta administración deje su encargo, se den más acciones engañosas que indudablemente son agravios hacia la sociedad morelense.

Por tales motivos, la postura del gobierno entrante es la siguiente:

PRIMERO.- Reprobamos los actos de la actual administración que transgreden los derechos y el bienestar de los morelenses.

SEGUNDO.- No permitiremos, ni toleraremos que la administración saliente salga impune, iremos a fondo con las auditorías de las distintas dependencias de gobierno y aplicaremos todo el rigor de la Ley.

TERCERO.- De no entregar la información que requerimos, esperaremos al primero de octubre para asumir la responsabilidad que los morelenses nos otorgaron. Actuaremos conforme a lo que marca y establece el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción, que dice, “al término e inicio de un ejercicio constitucional el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”.

CUARTA.- Refrendamos el compromiso social con el pueblo de Morelos, adquirido en el pasado primero de julio.”

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL GOBIERNO ENTRANTE.

JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA.