Exigen PGR atraiga caso de muerte de Romualdo Ixpango

CUERNAVACA, Mor., 01 de Agosto 2018.- El 31 de julio de 2017, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro; el entonces rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez; el alcalde de Cuernavaca y hoy gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo; el poeta fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, y el líder de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, iniciaron, junto con cientos de morelenses, la Marcha por Morelos, con el objetivo de demandar a la federación su intervención en la entidad, por la terrible situación que vivían los morelenses.

Hace un año, la Marcha por Morelos se encaminó a la ciudad de México para denunciar las terribles condiciones a las que la administración de Graco Ramírez tenía sometido al estado. Se dijo entonces que si la federación no intervenía, la situación sería peor y se traduciría en el incremento de la inseguridad y la violencia, en la pérdida de futuro de miles de jóvenes con la parálisis económica y la agudización de la polarización social y política.

Las demandas de la Marcha por Morelos eran: instaurar el estado de derecho, investigar y castigar a funcionarios corruptos, revisar y cambiar la estrategia de seguridad pública, investigar y castigar a los responsables de las irregularidades en el Paso Exprés, concluir el proceso pendiente en las fosas de la Fiscalía de Morelos en Tetelcingo y Jojutla así como castigar a los responsables, y resolver el problema financiero de la UAEM.

Todas estas demandas siguen vigentes. La federación no ha intervenido y el gobierno de Graco Ramírez ha agudizado las condiciones de desastre y tragedia que vive Morelos. Lo dicho por el Frente Amplio Morelense, entonces, se cumplió.

Hoy Morelos vive los peores momentos de su historia reciente. La inseguridad es terrible y ha producido que la sociedad civil se organice en las comunidades y tome en sus manos su propia seguridad. La creación de grupos de autodefensa niega al Estado mismo, pues le quita su función primordial en la definición clásica: el monopolio de la violencia legítima, la protección y seguridad de la ciudadanía.

La muerte del compañero Romualdo Ixpango Merino, confirma, además, que esta violencia no es fortuita, tiene objetivos claros de desestabilización, de sembrar el terror, de contribuir al caos social para, a río revuelto, encontrar posibilidades de impunidad de aquellos que han saqueado al estado y que son encabezados por Graco Ramírez en uno de los peores sexenios de la historia de la entidad.

Hoy en Morelos, las víctimas son enterradas clandestinamente en fosas ilegales que cava el Estado mismo; el gobierno roba a los damnificados del sismo; la esposa del gobernador se roba las despensas; los diputados jubilan a sus familias; los que se defienden van a la cárcel o terminan asesinados; los jueces liberan a los delincuentes; los poderes son utilizados para la persecución política; los policía persiguen líderes sociales en lugar de criminales; los gobernantes le echan la culpa de sus errores, omisiones, corruptelas a los gobernantes del pasado o a los del futuro.

La federación es copartícipe de esta situación, pues no le importaron en absoluto las advertencias de la ciudadanía de Morelos. Lo advertimos entonces y está claro hoy: Graco y su pandilla han hundido a Morelos en la peor etapa de su historia y hoy, pasadas las elecciones en las que la ciudadanía dijo: “ni un voto a Graco”, la administración del tabasqueño ha dejado la entidad a la deriva.

Por ello, exigimos:

1. Que el gobierno federal se haga cargo del proceso de transición.
2. Que la PGR atraiga las investigaciones del asesinato de Romualdo Ixpango Merino.
3. Que la siguiente Legislatura Federal inicie en un mes un juicio político contra Graco Ramírez.

El próximo gobierno de Morelos debe iniciar con condiciones mínimas de gobernabilidad; Graco Ramírez debe ser relevado de inmediato de su cargo y juzgado por los delitos y crímenes cometidos, pues es el principal responsable de todo lo que ocurre y el más interesado en dejar un estado en llamas.