Opinión/Felipe Villafaña

Por: Felipe Villafaña

Estamos a menos de un mes de que arranque el proceso electoral 2017-2018 en el que ya hay quienes han manifestado sus aspiraciones, para contender a diversos cargos de elección popular e incluso en su reelección.

Los partidos políticos también han ventilado sus posicionamientos, algunos ya han pactado ir en alianza, porque desde ahí definirán sus posibilidades y futuro para así también cerrar oportunidades a candidatos independientes.

Pronto habrá el bombardeo publicitario en los diversos medios de comunicación, en donde también las encuestadoras darán a conocer las posibilidades de cada aspirante hacia la Presidencia de la República, el gobierno del estado, el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo estatal y los 33 ayuntamientos.

No es un asunto menor que también saldrán a la competencia como “candidatos independientes o ciudadanos” diversas figuras, que pertenecieron al ámbito clerical o algunos otros sectores sociales.

Lo nuevo sin duda alguna será la reelección de quienes hoy mantienen un cargo y que hace 100 años fue prohibida dentro del marco constitutivo del nuevo México, para evitar la perpetuidad de las personas en los cargos.

Sin embargo, hoy la perpetuidad de las personas en los cargos pueden darse al menos en algunas instituciones públicas como son el Congreso local, los ayuntamientos y las diputaciones federales.

La reforma electoral del año 2014 marcó la reelección de los diputados locales y federales solamente por nueve años y en Morelos le subieron a 12, situación que está en el análisis de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo mismo hay otros procedimientos que podrían echarse abajo por la máxima tribuna jurídica del país, como la competencia inequitativa en donde los representantes populares con todos los recursos públicos a su alcance hagan campañas.

Sin duda alguna, la reciente reforma electoral aprobada para Morelos fue manufacturada para el beneficio de unos cuantos, porque también debilita los órganos administrativos y jurídicos en materia electoral.

Por la falta de presupuesto en el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dejan en entredicho su capacidad operativa, incluso de iniciar en forma y tiempo la organización de la elección.

Lo anterior ha provocado que ambas instituciones hayan logrado el amparo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que desde el gobierno estatal se les otorgue el presupuesto requerido, de lo contrario habría sanciones hacia el Poder Ejecutivo.

No es la única solicitud de intervención de los órganos electorales ante el gobierno federal, también en la imposición de algunos conceptos para la calificación de los comicios del año venidero, que sin duda dañarían la voluntad ciudadana.

Con incertidumbre arrancará el proceso electoral del año venidero, pero también con una ciudadanía apática en participar lo que se ha llamado la partidocracia, al cerrar al ciudadano la oportunidad de ascender al poder de manera honesta y transparente.

El arrancón de los procesos electorales en Morelos también mantiene interés porque ahora los partidos políticos tendrán ciertas restricciones, sobre todo en los tiempos y las formas de hacer campaña.

El uso de los recursos financieros y apoyos materiales que obtengan vía donación los candidatos también serán auditados de manera más estricta, ahora también por los órganos electorales del Poder Judicial.

Será interesante conocer a partir del mes de septiembre las frases y promesas que harán quienes pretendan refrendarse un trienio más en su curul o en la presidencia municipal, pero también las propuestas de los partidos políticos.

En la línea están formados más de cinco mil personajes de la vida política local, de los que menos de 500 ligarán un nuevo cargo, o bien podrían ser reelegidos con el apático voto ciudadano o a cambio de una despensa de menos de 100 pesos.

Hoy la carrera entre los partidos políticos es pareja, porque la ciudadanía mantiene un disgusto por igual hacia todos los partidos políticos que como gobierno no responden a sus demandas.

Tenemos un proceso electoral en puerta, que sin duda será diferente y tendrá resultados muy adversos a los del 2012 y 2015, es previsible.