Opinión/Samuel Palma

Gasto de campaña, base de transparencia y fortalecimiento a la democracia

Twitter: @vsamuelpalma

El antecedente de las elecciones en Tabasco en el año 2000, refiere a una causal que entonces se denominó como abstracta, y que se refirió a la determinación sobre que las elecciones no habían sido equitativas, debido a la intervención y promoción del gobierno a favor de uno de los candidatos. Como se sabe, la resolución conllevó a realizar un nuevo proceso electivo en el que el candidato del PRI, Manuel Andrade, que ya había sido postulado para la elección que fue anulada, alcanzó el triunfo.

Ahora nos topamos con una resolución reciente en la que se anulan las elecciones para gobernador del estado de Coahuila. Aun cuando la determinación todavía no es definitiva, puesto que ha sido apelada ante el Tribunal Electoral, es un llamado a considerar la importancia que tiene el gasto que los partidos realizan tanto para sus actividades regulares, como para las campañas electorales.

Son famosas las multas que se les aplicaron al PRI y al PAN, respecto a las elecciones del año 2000, al primero por un monto de mil millones de pesos, y al segundo por 545 millones. En Morelos, le fijaron multas al PRI por más de 9 millones de pesos respecto del ejercicio 2014, debido a no haber timbrado la nómina de retribuciones a quienes colaboraron en ese momento en el instituto político de la entidad; es decir, que no se pagaron los impuestos relativos a tales erogaciones.

El monto de los 9 millones es la multa más alta que se haya aplicado a un partido en toda la historia de la entidad, y que prácticamente corresponde al total de las prerrogativas del PRI para un año, y la cual se sigue pagando hoy en día.

Se sancionó así una omisión que resulta grave desde el punto de vista fiscal, pero también desde el punto de vista político, puesto que dejó en el aire el pago de una nómina, en donde si bien se refiere los destinatarios de la misma, no es posible tener certeza sobre la aplicación efectiva del gasto a tal concepto; se abre la posibilidad que tales recursos hayan sido usados de manera discrecional, por decir lo menos.

Una segunda multa al PRI corresponde a las elecciones del año 2015 en Morelos, y sanciona los reportes que presentaron los candidatos a distintos cargos de elección popular en los procesos de dicho año. En este caso la multa alcanza un millón 274 mil pesos. Aquí se sanciona las omisiones, las deficiencias y los reportes de gasto de campaña de quienes fueron abanderados del partido en los comicios de ese año.

A otros partidos también les han sido aplicadas multas, aunque las impuestas al PRI morelense han sido las más significativas. Al respecto cabe hacer alguna reflexión sobre la conveniencia de multas a los partidos políticos, cuando en muchos casos se deben a faltas que cometieron los candidatos o personas, es decir, directivos partidistas, ¿qué no sería mejor aplicar las sanciones a tales personas? De otra forma las responsabilidades se diluyen y acaban por afectar a una institución que viendo reducidas las aportaciones que reciben, se afecta al conjunto de su militancia, en menoscabo de sus posibilidades para competir en los comicios electorales.

Si se sigue sancionando a los partidos y no a los responsables de las faltas o de las fallas que se cometieron, se abre una vía para que sean el mejor instrumento para desviar recursos a favor de grupos o personas para su beneficio patrimonial o político ¿qué acaso no ocurrió eso en Morelos? Tal vez algunos de sus beneficiarios se enseñorean ahora en posiciones partidistas o en liderazgos de grupo.

Reducir los gastos de campaña, fiscalizarlos mejor y regularlos, así como lo correspondiente a los gastos de los partidos, es uno de los grandes capítulos pendientes en la legislación electoral para elevar la calidad de la democracia, sancionar la corrupción, evitar que sea el gastos el que domine la competencia electoral y que por el sobregasto se caiga en compromisos que después condenan a la corrupción a los gobiernos. Sancionar a los responsables no a los partidos políticos es una forma de evitar perversidades, impunidad y encubrimiento.