Opinión/Noemi Sulem

“Los mató la corrupción”…

Así se leía en diversas publicaciones a través de redes sociales condenando el hecho ya anticipado: aquella mañana del miércoles 12 de julio se abrió un socavón en el recién inaugurado Pasó Exprés Tlahuica, arrebatándoles la vida a Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo, respectivamente.

Posterior a los hechos, múltiples declaraciones de autoridades estatales, federales y municipales  comienzan a surgir, la mayoría con la finalidad de deslindarse de responsabilidad alguna.

Los medios nacionales toman la nota y salen a relucir escritos fechados con al menos un año antes del suceso, donde los vecinos alertaban de fallas y desperfectos del multi ensalzado Paso Exprés.

Documentos oficiales donde las autoridades estatales y municipales hacen del conocimiento a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos de lo que sucedía y las consecuencias que esto podría suscitar… bien lo decía  Sor Juana Inés de la Cruz, “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?

Sin embargo, lo que más llamó la atención, es el documento de informe de la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2015 y emitido el 16 de diciembre del 2016  por parte de la Auditoría Superior de la Federación donde se señalaron una serie de irregularidades como pagos autorizados por la SCT por 257.6 millones  sin que se “justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales, maquinaria, equipo y herramienta considerados en la integración del precio unitario extraordinario; ni del volumen pagado”.

Además, se autorizaron pagos por parte de la SCT por un importe de “328.9 miles de pesos en el concepto de Cemento asfáltico modificado para carpeta de mezcla asfáltica AC-20, tipo II a razón de 145 kg/m³…, sin verificar que existía una diferencia de volúmenes entre la dosificación pagada y la obtenida en las pruebas de control de calidad realizadas durante la ejecución de los trabajos”

Mucho se ha criticado que el asfalto del socavón,  no presentaba evidencia de varillas, al respecto, en el mismo documento emitido por la ASF, se observó que se autorizaron pagos por un importe de 31,875.0 miles de pesos para “Acero para concreto hidráulico (Varillas corrugadas) con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2 P.U.O.T y Acero estructural A-36, por obra que no se realizó en el periodo estimado ya que de acuerdo con los reportes de la empresa supervisora al 30 de noviembre de 2015, no se tenía ese avance en la ejecución de los trabajos”.

Además, las declaraciones emitidas tanto por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza y por la empresa contratista era que las obras correspondientes a drenaje no habían sido parte del proyecto, sin embargo, el propio proyecto de inversión mencionaba que la obra del Paso Exprés consistió en “la ampliación del libramiento de Cuernavaca, en el estado de Morelos, con una longitud de 14.5 km mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, estructuras, entronques, obras complementarias y señalamientos”, quedando evidenciadas las declaraciones contradictorias de quienes se encargaron de la supervisión y control del proceso de la obra.

Sin duda, la indignación social no es para menos sobre todo cuando se trata de un sinnúmero de llamadas de alerta emitidas con anticipación por diferentes voces, principalmente por los vecinos de las colonia aledañas, buscando siempre evitar tragedias.

Ya el Paso Exprés desde su comienzo generó molestias, se ventilaron excesos por parte de quienes ejecutaron las obras, incluso desplantes por parte del  entonces Delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, quien en múltiples ocasiones dejaba esperando a los vecinos por horas sin acudir a las reuniones convocadas, provocando así, que el conflicto escalara.

Por lo tanto, podemos inferir que efectivamente sí existieron actos de corrupción en el diseño y ejecución de la obra, mismos que fueron puestos para conocimiento de la Dirección General y Subdirección General del Centro SCT Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de realizar las investigaciones pertinentes y subsanar cualquier observación.

De acuerdo a María Amparo Casar en su obra México: anatomía de la corrupción, Corrupción se define como: “el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa o de una persona en relación a sus obligaciones como ciudadano”, es decir, tener conocimiento de actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y no realizar las acciones legales correspondientes, raya en el desvío del criterio de acuerdo a Casar, estableciéndose entonces, actos de corrupción.

Definitivamente, la corrupción mató a Juan Mena López y Juan Mena Romero, víctimas de omisiones y acciones fuera de la ética, lejanas a la honradez, lealtad y eficiencia según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ellos y miles de ciudadanos en nuestros país, siguen siendo cercenados, incluso, seguimos siendo violentados constantemente por actos de corrupción cometidos por servidores públicos que quedan en la completa impunidad.

Después de las destituciones del Delegado de la SCT en Morelos y las órdenes dictadas por el Presidente Enrique Peña Nieto de auditar la obra, los mexicanos esperamos que las muertes de éstos padre e hijo, sirva de punto de partida para implementar sanciones ejemplares a quienes sean responsables, que éstas muertes sirvan de escarmiento para intensificar los controles de calidad en cualquier proyecto de obra pública y, en general, en cualquier política pública.

@noemisulem

@cieea_morelos