Opinión/Daniel Adame

Los órganos electorales son instituciones dedicadas a la gestión y vigilancia de los procesos electorales, y toman parte también en las controversias electorales y postelectorales entre partidos y candidatos.

Estas labores se realizan de forma unificada –en un sólo órgano– o compartida –con otros órganos, independientes o de otros poderes–.

Por una parte, tenemos la administración electoral: actividades relacionadas con la organización de los procesos electorales y específicamente con la recepción y conteo de votos, las funciones de control, relativas a la existencia, organización y actividades de los partidos políticos, así como de asociaciones que tengan injerencia en las elecciones.

Por otra parte, tenemos a los órganos responsables de la justicia electoral, instancias que resuelven las controversias o impugnaciones entre partidos, candidatos y de la sociedad.

Ambas instancias, la administrativa y la jurisdiccional, tienen un peso trascendental, porque deben ser garantes de la verdadera competencia en la pluralidad política, cumplen una función política, porque acomoda desajustes de la sociedad y traduce los votos en posiciones de poder.

Para que un régimen sea definido como democrático, los cuerpos Legislativo y Ejecutivo deben ser elegidos mediante elecciones libres, abiertas y justas.

Las elecciones siguen siendo un elemento fundamental tanto para establecer gobiernos democráticos, como un requisito necesario para una mayor consolidación democrática. De ahí el peso de los órganos electorales.

Pero también influye de manera importante el contexto en aquellos países de incipiente democracia, porque tanto los actores políticos, los partidos y los sectores sociales, particularmente los que controlan el desarrollo económico, empiezan a entender las ventajas de una competencia justa por el poder.

La consolidación democrática a través de los organismos electorales se consigue a lo largo del tiempo, con la continua mejora de las reglas del juego, al convertirse incluso eventualmente en guardianes de los principios, valores, objetivos y el cumplimiento de las leyes electorales.

Entre los modelos más importantes tenemos el independiente. Las elecciones son conducidas por un organismo institucionalmente independiente y autónomo de la rama del Ejecutivo, cuenta y administra su propio presupuesto. No es responsable de rendir cuentas ante un ministerio o departamento.

Tenemos también el modelo gubernamental, en el que las elecciones son organizadas y administradas por la rama ejecutiva del gobierno a través de alguno de sus ministerios o dependencias. Operan como parte de la rama ejecutiva y son responsables ante el titular del ministerio correspondiente.

El modelo mixto tiene una estructura dual, con componentes de funciones independientes y otro ejecutivo u operativo como en el modelo gubernamental. Su relación no siempre está claramente establecida en la ley. El retorno a un modelo independiente para las elecciones mexicanas, por ejemplo, el Consejo General del IFE que asumió su encomienda el 31 de octubre de 1996, sin el arbitraje del presidencialismo, devolvería la certidumbre, reconocimiento y aceptación de actores y partidos a procesos electorales como los de 2017 que, nos hacen evocar los problemas de la gobernanza en materia electoral experimentados hace más de dos décadas.