Elecciones y conflictos/Samuel Palma

Se puede decir que el PRI vivió hasta 1996 su fase de partido hegemónico, la cual iniciara con su fundación en 1929. ¿Por qué 1996 es el parteaguas entre la etapa hegemónica y del inicio de la otra, caracterizada por la competencia política y la alternancia? La respuesta está en la reforma electoral de ese año que otorgó autonomía constitucional al entonces IFE, creó el Tribunal Electoral, el acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación y un sistema de financiamiento preferentemente público, también en condiciones de equidad.

Antes de ello, el PRI podía financiarse de forma laxa con sus sindicatos, corporaciones y aportantes, a su vez el gobierno presidía la Comisión Federal Electoral, y la forma de calificar las elecciones era a través de un método político identificado por los llamados Colegios Electorales en donde se reproducía la mayoría constituida. Una vez que se modificó este esquema, se extraviaron muchas de las condiciones que aseguraban los triunfos del PRI, como sucedió todavía en 1988, en donde ante los conflictos y los alegatos sobre las elecciones, el Colegio electoral con su mayoría priista resolvió el entuerto.

El hecho es que con la reforma de 1996 quedó atrás el carácter hegemónico del PRI, en tanto éste se sustentaba en normas y prácticas que garantizaban el predominio de dicho partido; en efecto se trataba de un sistema no competitivo, y en ello el sustento de la hegemonía priista.

En esa óptica resultó totalmente lógico que las primeras elecciones en las cuales se aplicaran las nuevas disposiciones electorales, el PRI no alcanzara, por primera vez, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (1997), derivando una reorganización de dicha Cámara, en su estructura de gobierno (Ley Orgánica), desapareciendo la Gran Comisión que correspondía al partido mayoritario, y en su lugar se constituyera la Junta de Coordinación Política. También en esa perspectiva se ubica la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000.

Una vez que con la reforma de 1996 se desmontó la estructura que otorgaba ventaja al PRI, éste ya no pudo repetir los éxitos de antaño; tendría que venir un largo proceso de aprendizaje para que obtuviera el triunfo del año 2012.

Lo que importa aquí resaltar es que la legitimidad, en la condición del sistema hegemónico, se obtenía por la contundencia de los triunfos priistas. En esa medida cualquier discusión sobre la legalidad de los comicios, tenía como respuesta el amplio margen de diferencia que obtenía el PRI a su favor. El paso al sistema competitivo implicó que la legitimidad se obtendría a través de la regulación del IFE y del desahogo de las controversias, denuncias y quejas en los tribunales electorales.

Si bien todo esto ha significado un gran avance democrático, un aspecto que a la larga ha mostrado la necesidad de una revisión a fondo es al financiamiento de los partidos y el gasto de las campañas.

Ahora que vivimos la fase post electoral de los comicios de este pasado 4 de junio en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, queda en evidencia que el régimen de financiamiento a los partidos en vez de derivar en su fortalecimiento y autonomía respecto de los poderes facticos, y de los poderes arbitrarios o ilegales (narcotráfico), los convirtió en empresas de negocios, haciendo que muchas de sus resoluciones corran por esa vía.

La ecuación de los partidos-empresas tiende a descarrilar la lucha política y la democracia. Se requiere pasar a una etapa propiamente política en la contienda democrática, superar el dominio del dinero y lograr colocar en el centro de la decisión de los electores el debate político.