Reforma electoral agandalle del PRD: GPPRI

Cuernavaca, Mor.– Los priístas denunciamos que la reforma aprobada se trata de una reforma retrógrada que claramente va en contra de los avances que en materia electoral hemos alcanzado en el país y en el estado a partir de la apertura política de 1976, que hizo posible que todas las ideologías estuvieran presentes en las cámaras legislativas. La reforma va en contra del derecho ciudadano a opinar en los temas de políticas públicas y conducción del estado que le afecten; la reforma va en contra del derecho ciudadano a revocar el mandato de los gobernantes ineficientes y corruptos.

Esta fue la postura fijada por el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, encabezado por el diputado Alberto Martínez González, e integrado por los legisladores Mario Chávez Ortega, Aristeo Rodríguez Barrera y Leticia Beltrán Caballero, con respecto a las leyes secundarias que recién fueron aprobadas la semana pasada.

Hoy, el PRD y sus aliados, pretenden llevar esa misma estrategia al proceso electoral, acotando avances democráticos ganados en más de 40 años de lucha no sólo por los partidos políticos sino, esencialmente, por la sociedad, expuso Alberto Martínez.

El GPPRI se opone de manera consciente, congruente y alineado con el sentir popular mayoritario, que rechaza una reforma a modo del partido gobernante, destacó.
“Pero los votos de nuestro bloque, formado coyunturalmente para frenar la reforma, también fueron vulnerados y hubo decisiones individuales que, sin respeto a la pertenencia partidista y al compromiso ideológico, o cediendo a las presiones, amenazas o cohechos, se sumaron con el PRD. En el caso del PRI, fue uno de nuestros diputados (Francisco Moreno Merino) quien al solidarizarse con la acción política de partidos políticos antagónicos al nuestro, hizo que la votación nos fuese contraria”, resaltó el líder parlamentario.

Por esta acción, iniciaremos los procesos necesarios marcados en nuestros estatutos, para sancionar su conducta y nos deslindamos de las decisiones que en el presente o en el futuro tome a título personal, insistió.
El diputado Alberto Martínez sostuvo que “de cara a los electores, a los ciudadanos morelenses que nos dieron el voto y confiaron en nosotros; frente a los ciudadanos que luchan por ampliar los horizontes democráticos y hacer válidos los derechos de una sociedad que no debe estar inerme ante el poder público, afirmamos los diputados priístas que nuestro Grupo Parlamentario se opone a la pretendida reforma electoral, porque”:

“Es el resultado de una maniobra oscura y de un proceso legislativo viciado, en el que, el poder ejecutivo y la bancada del PRD y sus aliados, mantuvieron oculto el dictamen, esperaron hasta el último momento y dolosamente entregaron el dictamen, ya sin el tiempo necesario para su correcto análisis; convenientemente aplicaron los temas discutidos en la mesa para la reforma del estado, pero finalmente se aprovecharon para afectar a otros partidos y, principalmente, a los ciudadanos”.

“Porque, dada la importancia que tiene la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para la vida democrática de nuestra entidad, con los ciudadanos como objeto central, los cambios aprobados constituyen un retroceso ya que:

En primer lugar, es una incongruencia pretender que se analice un dictamen de 240 páginas en unas pocas horas y cuya importancia transciende en el desarrollo de la vida política y democrática del estado.

Limitan la participación ciudadana solamente a los procesos electorales, cuando la democracia es una forma de vida y sus prácticas deben ser permanente, con resultados visibles y sensibles, acordes a los intereses de la sociedad, como la revocación de mandato, que es un clamor popular.

Porque pretende que los diputados puedan ser reelectos hasta en cuatro ocasiones.

Resulta incongruente y a todas luces violatorio del proceso electoral, la posibilidad de inscribir a los candidatos a presidente municipal y sindico como primer y segundo regidor, cuando se pretende en el mismo documento que sea el consejo estatal quien observe las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y sub representación de regidores.

Con este acto, se rompen los principios de democracia y de elegibilidad. ¿o acaso se pretende acaparar el poder para candidatos que no fueron favorecidos en las urnas como si se tratase de un premio de consolación?

En el dictamen se argumentó la falta de presupuesto para la creación de la fiscalía especializada en delitos electorales. sin embargo, existen gastos innecesarios en otros rubros.

Por último, se da por procedente la obligatoriedad de que cada candidato presente su constancia de no antecedentes penales; sin embargo, la reforma final ya no lo contempla.”

Es, a todas luces, una reforma del PRD y sus aliados para imponer cláusulas políticas cuya aplicación les favorecerá en el próximo proceso electoral, pero que van en contra de los intereses populares, resaltó.
La reforma electoral fue aprobada por la mayoría perredista y sus aliados, respaldados por el Ejecutivo, práctica que se ejerce permanentemente al interior del Congreso del estado, reflexionó..