Opinión/Samuel Palma

Un evento relevante como la Feria de Cuernavaca, se convierte en brutal escenografía del asesinato artero de uno de sus organizadores, Juan Manuel García.

La autoridad estatal, diligente aporta sus tesis sobre la causa del asesinato advirtiendo sobre la eventual autoría del crimen organizado, y de las disputas entre bandas, ¿pero si tal información se tiene por qué no se tomaron las precauciones del caso? Las opiniones emitidas son más dignas de un comentarista que de una instancia con responsabilidad de gobierno. Ofrecer explicaciones sobre sucesos que han ocurrido parece más una tarea de analistas o historiadores, que de la autoridad. Ésta debe hacer de su capacidad y conocimiento, oficio de gobierno, participación que brinde confianza y que legitime el espacio público. La autoridad no debe ser un actor más, debe ser el gran actor, pues se instituye para garantizarle a la vida pública, la observancia de las leyes.

Por otra parte, el Presidente Municipal de la capital que simuló su residencia y de quien se dice recibió dinero por ser candidato, ahora aspira a gobernar la entidad y anticipa que meterá al gobernador actual a la cárcel. ¿Ese es su programa de gobierno o es su proclama?

Entre tanto, la necesidad de construir un auténtico liderazgo desde la función pública para bien del desarrollo de la entidad, se encuentra extraviada, y el crimen se expande sin freno alguno, convirtiendo a la población en su víctima. El Congreso estatal domesticado, anuente, servil, complaciente, venido a corte que hace política de pasillo y que renuncia a ser voz del sentir popular, voz del pueblo, límite y equilibrio en el ejercicio del poder, deviene en testigo de lujo que sesiona fastuosamente en las curules del congreso.

Por lo pronto la feria apenas inició y ya arroja un muerto, mientras una autoridad, la estatal, tiende a involucrar a la otra, la municipal. Pero como dicen bien, en política no existen espacios vacíos, pues éstos son de inmediato ocupados, y es el crimen quien tiende a dominar el espacio público y quien está encaminado a constituirse en la autoridad que cobra derecho de piso, que establece condiciones para brindar garantías y seguridad, quien regula pagos y controla la corrupción.

En la medida que la autoridad legítima y democrática se deteriora, surge otra autoridad, arbitraria y autoritaria, sin legitimidad, pero con gran organización y fuerza, al grado de invadir espacios cívicos y de la vida social, para intimidar, ajusticiar y mostrar su sagacidad.

La autoridad pierde autoridad, siendo suplida por los poderes arbitrarios, quienes la arrinconan y someten. Manifiesta el crimen su dominio en regiones del territorio y tiende a expandirse; por su parte las instituciones públicas padecen el síndrome de debilidad de quienes las encabezan y su poder menguado es el de las burocracias que tiene bajo su mando, el presupuesto público que mal ejercen y los programas de gobierno que muestran dudosa eficiencia. Las instituciones, débiles, declinan, carecen de capacidad, así el destino amenaza por ser definido por la anarquía o el autoritarismo.

Los partidos políticos no organizan, ni integran los intereses de la sociedad, no articulan a sus integrantes y tampoco cohesionan la vida del congreso, se han convertido en parias que consumen recursos públicos, pero que no los repercuten para favorecer la relación entre la sociedad y el gobierno, desde la óptica de las políticas y los programas públicos.

La participación ciudadana, la construcción de una opinión pública crítica, las organizaciones que vinculan y movilizan, las instancias académicas, aparecen para brindar expectativas. Entre tanto, la autoridad opina pero no da certeza, tiene presencia pero no gobierna, existe pero no cumple. Se requiere fundar la autoridad de la autoridad, es necesario recuperar la ética de la política, para que éste no sea simple arreglo de intereses de quienes dominan. El tiempo apremia.