
Entre Hipona y los Andes
En México existen órganos administrativos encargados de organizar las elecciones, a nivel federal contamos con el Instituto Nacional Electoral (INE) (organismo autónomo), a nivel local con los Organismos Públicos Locales Electorales, mismos que organizan las elecciones de los Estados. De conformidad con la reforma aprobada en 2014, el INE, puede ejercer facultades especiales de atracción, asunción y delegación respecto a los Organismos Públicos Locales Electorales. El proceso electoral consta de cuatro etapas. 1. Preparación de la elección: Se inicia con la primera sesión que celebra el Consejo General ya sea del Instituto Nacional Electoral si se trata de elecciones federales o el Consejo Local, tratándose de elecciones en los estados y concluye al iniciarse la jornada electoral. Esta etapa también comprende la depuración y actualización del Registro Federal de Electores y la preparación de las listas nominales; el registro de candidaturas; las campañas electorales; la fijación de los límites de gastos de campaña; la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla; la acreditación de los representantes de los partidos políticos; la documentación y material electoral entre otras. 2. Jornada Electoral: se inicia a las 8:00 horas del primer domingo del mes de junio y concluye con la clausura de las casillas que se instalen para la recepción y computo inicial de los votos. 3. Resultados y Declaración de validez de la elección: Se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales de las casillas a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones de validez que realicen los consejos, o en su caso los las resoluciones que emita en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 4. Dictamen y declaración de la elección. Se inicial al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto contra la elección que corresponda.
Asimismo, se cuenta con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, especializado en materias electorales, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales (que corresponden a la Suprema Corte), que tiene por finalidad resolver los diversos medios de impugnación, siendo los siguientes: Recurso de revisión para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal; b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal; c) El juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano; d) El juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos; e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; f) el recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En materia de persecución de delitos se cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la República, misma que se encarga de investigar los posibles delitos en la materia.
Respecto a los mecanismos informales o de resolución alternativa de conflictos electorales (RACE). En México si bien se cuenta con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, lo cierto es que en relación con la materia electoral, no existe en la normatividad esta modalidad. México cuenta con instituciones administrativas, jurisdiccionales y penales que contribuyen con la democracia, si bien es cierto, constantemente se están reformando en aras de profesionalizarse, sería interesante el preguntarnos hasta donde llega la politización en las instituciones.
*Politólogo y Administrador Público por la Universidad Iberoamericana, México. Graduado con Mención Honorífica. Profesor de ciencia política, concluyó sus estudios de postgrado en Estudios Electorales por la UNSM, Argentina y la USAL, España.