La recomendación del dolor/Fabio Fuentes

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno de Morelos convalidó la actuación de la ex procuraduría entonces a cargo de Rodrigo Dorantes, el tratamiento espeluznante a la dignidad humana hacia más de 100 cuerpos arrojados a un panteón irregular cual cascajos y el intento de enterrar las omisiones propias de un ministerio público de país africano.

Díagese y matice cuantas veces pretenda, la recomendación del ombudsman nacional es una bofetada al gobierno de Graco Ramírez por haber sido la madre de una de las víctimas halladas en la fosa de Tetelcingo quien señaló la actuación ministerial.

De no haber sido por la progenitora de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, seguirían sepultados 114 cuerpos y las causas de muerte.

La CNDH advirtió: “Se registraron 44 muertes violentas, de las cuales, se debió investigar a fondo las circunstancias en las que perdieron la vida y dar con el paradero de los probables responsables de la muerte, para ser juzgados por la autoridad competente”.

Es decir, la autoridad ministerial de Morelos optó por enterrar los cuerpos de 44 homicidios sin intento de al menos conocer a los autores de privar la vida a seres aun sin identificar y en este apartado ya es corresponsable la actual Fiscalía General del estado porque –repetimos- tampoco hubieran alzado un dedo de no ser por familiares de víctimas.

Añade la comisión que detectaron tres casos de personas quienes a pesar de haber sido identificadas y reclamadas por sus familiares, la Fiscalía General del Estado los inhumó el 28 de marzo de 2014 junto con todos los cadáveres en la fosa de Tetelcingo.

Otro apartado del ombudsman nacional que ofende: “En ninguna de las carpetas obra constancia que acredite que se llevó a cabo, ni que la Coordinación de Servicios Periciales de la FGE haya instruido a los responsables del SEMEFO para que instrumentaran el mecanismo para registrar los cadáveres de personas desconocidas, ni la constancia de que el MP estuvo presente en la inhumación para su clasificación”.

Significa que sin llenar de menos un oficio decidieron ir a sepultar los cuerpos en la mas incomprensible diligencia de inhumación hecha por una oficina de gobierno.

¿Por qué actuó con semejante saña y desprecio a la vida humana la fiscalía de Morelos?

Ante lo evidente no les quedó otra que aceptar la recomendación de la CNDH. De haberla rechazado habrían confirmado la repulsa de un régimen local dícese respetuoso de garantías elementales.

Las 148 cuartillas de la recomendación 48/2016 dirigida al gobernador Graco Ramírez Abreu son un compendio de infamias abominables imposibles de explicar a menos que se trate de complicidades. Peor aun.

De no llevar ante la justicia a cuantos “funcionarios” estén relacionados en la más agresiva actuación de una fiscalía contra la sociedad significará un mensaje aterrador: la oficina responsable de procurar la ley es cómplice de una mala inhumación e incluso de las 44 muertes violentas registradas.

La respuesta del gobierno morelense fue acatar la encomienda de la CNDH pero perdió la oportunidad de callar porque pedirán “ se realice una recomendación a todas las instancias de procuración de justicia del país para que, se proceda a transparentar y regularizar las diversas fosas comunes, como se hiciera en Morelos”. ¿En serio todavía se ponen en ese papel?

Deben ofrecer disculpas a los familiares de la víctimas de las vejaciones en Tetelcingo desde el gobierno de Graco Ramírez. Debería hacerlo a toda la sociedad porque ofendieron a la dignidad humana.

Y todavía falta destapar la fosa de Jojutla.