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CUERNAVACA, Mor., 26 de abril de 2016.- Debido a los bajos sueldos que prevalecen en las instituciones de procuración e impartición de justicia de Morelos, los profesionistas del derecho que han sido capacitados por el gobierno en materia de juicios orales –que en Morelos se aplica desde hace ocho años- están emigrando a otras entidades donde les ofrecen sueldos mucho más atractivos, reveló el presidente del Colegio de Abogados en esta entidad, Pedro Martínez Bello.
Explicó que Morelos fue uno de los primeros estados donde se puso en práctica el nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor en todo el territorio nacional en el mes de junio de este año.
El gobierno del estado capacitó a los agentes del Ministerio Público y a defensores de oficio, algunos de los cuales incluso viajaron a otros países a perfeccionarse.
Sin embargo, ninguno de esos abogados trabaja ya en Morelos. “Los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía morelense han emigrado a otros estados de la República donde están requiriendo expertos en juicios orales con salarios de hasta 50 mil pesos mensuales, mientras que en Morelos un fiscal gana 12 mil pesos mensuales”, apuntó Martínez Bello.
Dijo que esto pone en desventaja a la entidad morelense porque los actuales licenciados en Derecho no están capacitados en materia de juicios orales, y los que están certificados se están yendo por los bajos sueldos.
Y si hablamos de la policía municipal, estatal o ministerial la situación es más grave todavía, ya que estos elementos en su mayoría carecen de los conocimientos necesarios para hacer un levantamiento de cadáver con la debida preservación de las evidencias y aplicar correctamente la llamada “cadena de custodia”.
Dijo que es precisamente esta falta de capacitación la que tiene como consecuencia que algunos delincuentes obtengan su libertad, como ocurrió recientemente con Isidro Solís Medina, acusado de secuestrar y asesinar a Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas.
“Este sujeto obtuvo su libertad por violaciones al debido proceso, consistentes en desahogar diligencias sin estar presente el defensor del imputado, aun cuando la víctima ya lo había reconocido a través de la Cámara de Gessell”, comentó el litigante.
“Por esta razón en el estado de Morelos debemos valorar como nunca antes la importancia del debido proceso legal, y que podamos vigilar de cerca las actuaciones de las autoridades desde el momento mismo que se hace la detención, cuando se integran las carpetas de investigación y, desde luego, en las diligencias judiciales, con la finalidad de evitar que las autoridades tengan errores que redunden en consecuencias jurídicas de imposible reparación para las víctimas de un delito”, dijo para finalizar.