Denunciaran Cuauhtémoc Blanco Bravo por presunta concusión

CUERNAVACA, Mor., 31 de marzo de 2016.- El Presidente del Colegio morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas, anunció que en los próximos días, él y un grupo de personas de Cuernavaca, presentarán una denuncia en contra del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo y el tesorero de este municipio, Alejandro Villareal Gasca, por el delito de concusión.

En entrevista para Quadratin Morelos, el abogado explicó que esta demanda se originó luego de que el ayuntamiento capitalino incrementará el predial sin ninguna autorización del Congreso del estado.

“Para que el ayuntamiento de Cuernavaca nos pueda cobrar más impuesto sobre el precio de la tierra y la construcción, el congreso del estado debe de pronunciarse a través de un de decreto, y yo le aseguro, porque he estado al pendiente de este asunto, desde  el 2007 el congreso del estado no ha recibido una solicitud para el incremento de la tabla de valores unitarios en el asunto del predial en el municipio de Cuernavaca, hacerlo sin esa autorización hace responsables, y esa conducta encuadra perfectamente en la figura del delito de concusión en que incurre el alcalde Cuauhtémoc Blanco y su tesorero”, explicó.

Además, Juárez Rivas, aseguró que para aumentar el predial se debe de hacer siempre apegado a la Ley de Catastro municipal.

Ante ello aseguró que en los días próximos un grupo de personas estarán presentando una denuncia por el delito de concusión, es decir, un delito que un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona.

Por último, indicó que las acciones que realizan los integrantes de la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Salgado Delgado”, al manifestarse en el ayuntamiento y pedir a los funcionarios que baje el predial, son actos que no tienen mucha fuerza.

“Pedir la generosidad de quienes nos gobiernan para el pago del impuesto, a  mí me parece algo denigrante, porque entonces,  ¿para qué sirve la ley y las normas si no es para aplicarse y así garantizar las seguridad jurídica?. El ayuntamiento y sus funcionarios tienen la legalidad de los actos que ejecutan y evidentemente que cobrar cantidad superiores a las que están garantizadas en el decreto del 2007 es ilegal y traería consecuencias jurídicas si hay denuncias”, finalizó.