Cierran la investigación por secuestro del secretario de Gobierno

CUERNAVACA, Mor., a 24 de abril del 2015.- Este día terminó el plazo que otorgó la juez en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, Elvia Terán Peña, a la Fiscalía General del Estado (FGE), para recabar las pruebas que obran en contra del ex edil de Huitzilac, Rafael Vargas Zavala, su hijo y dos comuneros más de este municipio quienes son acusados del delito de secuestro agravado en contra del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina.

Además el pasado miércoles por la mañana la juez solicitó a la PGE que en un plazo no mayor a 48 horas, informe sí el secretario de Gobierno, y dos miembros de su cuerpo de seguridad, se someterán a un examen psicológico que solicitó la defensa de los 4 detenidos, pues a través del mismo los abogados pretenden demostrar que el funcionario no fue secuestrado como refiere la acusación del ministerio público.

El pasado 14 de enero de este año, el ex edil, su hijo y dos comuneros fueron vinculados a proceso, acusados de haber privado de su libertad al secretario de Gobierno y ponerle en libertad a cambio de que la Policía de Investigación Criminal, diera con el paradero de un taxista que fue secuestrado durante la madrugada del pasado 17 de noviembre.

Y es que más de 300 habitantes del municipio de Huitzilac, ubicado en los limites con el Distrito Federal, cerraron el acceso a la capital del país, lo que provocó que el secretario de Gobierno fuera a negociar con los informes porque se trataba además de un puente vacacional y los turistas no podían ingresar a Morelos.

Según el ministerio público del caso hay demasiadas evidencias que hacen presumir que Vargas Zavala, su hijo y las otras dos personas, golpearon al secretario de Gobierno y lo obligaron a entrar a la ayudantía municipal para obligarlo a que realizara las gestiones que permitieran localizar al secuestrado.

La defensa del ex edil y los otros tres imputados han insistido que sus clientes no cometieron un secuestro, y que si existió un delito fue el de lesiones, razón por la cual han solicitado a la juez del asunto sea sometido a un examen pericial el funcionario y dos elementos de su seguridad para demostrar que estos no presentan secuelas psicológicas por los hechos antes narrados.

Sin embargo la juez que conoce del caso en audiencia del pasado miércoles refirió que de acuerdo a lo que establece el artículo 233 del Código Procesal Penal, las víctimas no pueden ser sometidas a un examen pericial sin su consentimiento, razón por la comisión al ministerio público para que plantee a los tres agraviados la posibilidad de someterse a un examen, otorgándole para ello 48 horas, plazo que venció ayer viernes por la tarde.