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LOS ANGELES, EU, 18 de febrero de 2015.- El Congreso y no el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es el que ha generado el actual conflicto legal con un juez de Texas al no adoptar una reforma migratoria razonable, afirmó este miércoles Los Angeles Times.
“La decisión de un juez de Texas de detener parte de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre migración ha sido llevada por la inactividad del Congreso”, sentenció.
En uno de sus editoriales de este miércoles, el influyente rotativo en inglés consideró que el debate sobre la inmigración “se desaceleró por otro acto secundario partidista”, precisa Notimex.
“El gobierno se ha comprometido a presentar una apelación. Cuando lo haga, los tribunales deberán actuar con la debida velocidad a reintegrar las políticas del presidente”, puntualizó.
“Esta medida cautelar del juez añade otro obstáculo en el prolongado debate de la nación sobre la reforma migratoria”, señaló el rotativo con tiraje de más de 600 mil ejemplares diarios.
“Aunque se dio entrada a una demanda federal presentada por 26 estados, es el Congreso que nos ha llevado a esta situación al no haber adoptado una reforma migratoria bipartidista razonable”, reiteró.
“Por esa ausencia, el presidente anunció en noviembre de 2014 que iba a usar su ‘discreción procesal’ para expandir la elegibilidad para la Acción Diferida”, indicó.
“Mientras el Congreso está en funciones, debe hacer frente a una reforma migratoria integral”, aseveró.
El juez federal Andrew Hanen ordenó suspender la orden ejecutiva migratoria, en respuesta a una demanda entablada por 26 estados, encabezados por Texas, que arguyen que Obama violó sus deberes constitucionales al actuar sin el consentimiento del Congreso.
Obama, en respuesta, criticó la víspera esa decisión de bloquear las acciones de alivio migratorio que dictó en noviembre pasado, pero confió en la reivindicación de su mandato.
De acuerdo con el diario, los estados acusan al presidente de sobrepasar los límites de su cargo mediante la creación efectiva de una nueva ley de inmigración, lo que es el trabajo del Congreso.
También argumentan que el gobierno adoptó sus nuevas normas sin seguir los procedimientos requeridos para su revisión y discusión pública.
En última instancia, se trata de una demanda partidista y una orden judicial partidista, ninguno de los cuales debe estar de pie, finalizó el diario.