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CUERNAVACA, Mor., 1 de enero del 2014.- Fue diferida una audiencia programada para hoy en la que se juzga al ex secretario de Finanzas del Gobierno del Estatal durante el sexenio de Marco Adame Castillo luego de que el Juez Eddie Sandoval Lomé se excusó para conocer del caso.
Corresponderá a la Juez Elvia Terán Peña recibir y desahogar las pruebas que presente la defensa. Esta tarde, el juez de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca, Eddie Sandoval Lomé, se excusó para presidir la audiencia intermedia en contra del ex funcionario y empresario Alejandro Villarreal Gasca, quien, junto con otros cinco ex funcionarios más, fue llevado a juicio por el delito de ejercicio indebido de la función pública en agravio del Gobierno de Morelos por 110 millones de pesos.
El juez Penal resolvió abstenerse de presidir la audiencia para no caer en un conflicto de intereses, pues uno de los abogados defensores y él están en espera de la resolución de un amparo. Es por ello que, al declarar iniciada la audiencia, señaló que será en los primeros días del próximo año cuando su homóloga Elvia Terán Peña desahogue el procedimiento judicial.
La audiencia estaba programada para llevarse a cabo este lunes 29 de diciembre en la Sala Cinco de Juicios Orales, y en la misma la Fiscalía General del Estado (FGE), así como los defensores particulares, anunciarían las pruebas a desahogar en el transcurso de este juicio en el que el imputado goza de libertad provisional.
Los ex funcionarios panistas que enfrentarán el juicio son: el ex secretario de Finanzas y Planeación, Alejandro Villarreal Gasca; Juan García Avilés, ex subsecretario de Programación y Presupuesto; Rey David Olguín Rosas, quien fungió como secretario de Gestión e Innovación Gubernamental; Óscar Herrasti Real; Álvaro Conca Zea y José Jesús Ulises López González, quien gozan de su libertad.
De acuerdo con los datos dados a conocer por la Fiscalía General del Estado, los acusados se confabularon para la contratación de Quinto Esquema y Monedero Universal y con ello poner en marcha el sistema estatal de armonización contable.
La dependencia aseguró que dicho programa no sirvió, pero sí realizaron pagos que generaron una afectación para el Poder Ejecutivo de 110 millones de pesos.
La defensa de los ex funcionarios señalados han asegurado que no se cumplen con los requisitos para acreditar el hecho delictivo y que tampoco existió un dolo, elemento que consideran esencial para cometer el delito de ejercicio indebido de funciones. Este lunes 29 de diciembre concluyó el plazo de tres meses para el cierre de las indagatorias y recabar elementos poder continuar con el proceso, pero la audiencia fue diferida.