Niega Graco opacidad en crédito; acusa conspiración del PAN y PRI

CUERNAVACA, Mor., 11 de septiembre de 2014.- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreú, acusó a los diputados del Congreso del Estado de extralimitarse en sus funciones para auditarle un millonario crédito que actualmente ejerce por más de 2 mil millones de pesos, al tiempo que señaló que los Legisladores incurren en la ilegalidad.

En rueda de prensa ofrecida el medio día de este jueves, el mandatario estatal calificó de falsos los argumentos de los legisladores, quienes aseguraron que la acción unilateral tomada la noche de este jueves, obedece a la omisión del gobernador del estado para informar sobre la contratación, ejercicio y gasto del crédito, así como a su tardanza –de casi un año- para impulsar la compra de un terreno así como la construcción de la nueva Cámara de Diputados y para el que se habían reservado 500 millones de pesos de ese mismo empréstito.

La noche de este miércoles, 23 de 30 diputados, aprobaron un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) inicie una revisión pormenorizada a la contratación, ejercicio y comprobación de un crédito de más de 2 mil 800 millones de pesos que el Gobierno estatal contrató a finales de 2013.

Ese acuerdo legislativo incluyó un decreto que rige la autorización de solicitud de crédito, la forma en que se dará seguimiento a la comprobación del mismo, y una cláusula que determina que 500 millones serían utilizados para comprar un terreno y construir ahí el nuevo Congreso Local.

La determinación de los legisladores, según establecieron en los considerandos del punto de acuerdo referido, derivó de que el gobernador Graco Ramírez no ha informado sobre los detalles de ese crédito y tampoco ha iniciado el proceso para ejercer el dinero en la compra del terreno.

El punto de acuerdo manda a la ASF a auditar al Gobierno, y “establece” que el dinero etiquetado para la nueva sede será ejercicio por los diputados, por lo que el mandatario tendrá que devolverlos.

Con respecto a la auditoría, Ramírez Garrido señaló que “el que nada debe nada teme”, “haremos público en el portal de Gobierno obras y montos para ubicar con transparencia en qué se está invertido este empréstito”, puntualizó.

En su comparecencia ante los medios, Ramírez Garrido aseguró que contrario a lo que argumentan los legisladores, su Gobierno no es omiso en la rendición de cuentas de dicho empréstito, ya que ha informado trimestralmente al Poder Legislativo sobre la forma en que se ha gastado el millonario crédito, y destacó que –en cambio- los representantes populares no objetaron en caer en una ilegalidad al intentar retirarle 500 millones de pesos de ahí, ya que la ley les impide ejercer ese dinero para construir su nueva sede legislativa.

Ante los medios de comunicación a los que no se les permitió preguntas, el perredista utilizó cinco minutos para exponer su versión, donde subrayó que tanto el PAN como el PRI tienen motivaciones extralegales para impulsar el punto de acuerdo aprobado la noche de este miércoles, pues el primero está interesado en generar una cortina de humo para esconder que dos altos exfuncionarios del Gobierno anterior están bajo proceso –uno de ellos en prisión- por malos manejos económicos, y el segundo, intenta obtener dinero de ese préstamo para atender compromisos político-prelectorales:

“Sabemos que el principal impulsor de esta supuesta acción de trasparencia es el coordinador parlamentario del PAN, Javier Bolaños Aguilar, tratando de generar una cortina de humo para ocultar los desvíos ocurridos en la pasada administración, a la cual perteneció, comentó el Gobernador”.

Graco Ramírez dijo que prueba de lo anterior, dos exsecretarios de Finanzas del Gobierno anterior están vinculados a proceso, uno bajo proceso en el Penal de Atlacholoaya, y otro bajo proceso en arraigo, gracias a un amparo.

“Pero el daño patrimonial que hicieron estos dos funcionarios está probado y por eso están vinculados a proceso”, puntualizó.

Con respecto al decreto en donde se intenta trasferir recursos del crédito al Congreso para que lo ejerza, el mandatario estatal refirió que son dos los grandes principios generales de derecho que rigen el actuar de los servidores públicos, y que son vigilados por los diputados: Hacer únicamente lo que las leyes le encomienden y ejercer gastos previamente presupuestados.

En tal sentido mencionó que al Poder Ejecutivo corresponde realizar todas las acciones inherentes a los asuntos del estado que emanan de las disposiciones del Poder Legislativo, actividades que son resultantes del principio de división de poderes.

Enfatizó que en términos de lo dispuesto por la legislación local, corresponde a la administración pública dependiente del Gobernador del estado, la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas en bienes inmuebles que sean parte del patrimonio inmobiliario del estado.

“Por lo tanto, esta resolución no tiene sustento legal porque el Poder Legislativo tiene otras atribuciones”, dijo Graco Ramirez.

Por lo que el crédito aprobado para el año 2013 sólo se puede justificar en el Presupuesto de Egresos del mismo año, por lo cual no existe ninguna facultad o atribución constitucional o legal para que el Poder Legislativo adquiera y construya el recinto que pretende.

“Como se aprecia el dictamen es ilegal y lo haremos valer y lo haremos saber”, recalcó el mandatario estatal.