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CUERNAVACA, Mor, 11 de septiembre del 2014.- El Congreso del estado, determinó someter a una auditoría la contratación y ejercicio de un crédito autorizado al gobierno estatal por más de 2 mil 800 millones de pesos, del que los legisladores desconocen el destino del gasto y no han recibido informe alguno del Ejecutivo estatal.
A través de un punto de acuerdo votado por mayoría la noche de este miércoles, 23 de 30 legisladores, determinaron también modificaciones al decreto que rige las condiciones de la contratación, ejercicio y comprobación de dicho crédito, y se adjudicaron el gasto de un monto de más de 500 millones de pesos, cantidad etiquetada para construcción de una nueva sede legislativa.
A propuesta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la actual legislatura, los legisladores del PRI y PAN empujaron la revisión al empréstito bajo los argumentos de que casi a un año de habérselo autorizado, la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Graco Ramírez no ha informado “sobre el o los empréstitos contratados, así como sobre la aplicación de los recursos correspondientes”, como tampoco de la comprobación del gasto, pese a las constantes peticiones de representantes sociales, populares y los propios diputados.
En los considerandos del dictamen aprobado, también se expresa la inquietud sobre la transparencia de dicho crédito, será del más del doble de lo solicitado, ya que “a la fecha la suma total del endeudamiento, más el refinanciamiento, representa un monto de cuatro mil 184 millones 933 mil 348 pesos con 86 centavos, con una hipoteca para las finanzas del estado hasta por un plazo de 18 años”, destaca el documento.
El acuerdo parlamentario instruye a la Auditoría Superior de Fiscalización para que se practique la auditoría que “no debe circunscribirse a la revisión que se practique a la Secretaría de Hacienda estatal, sino que debe incluir a las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario, así como a aquellas dependencias del Poder Ejecutivo que recibieron recursos del endeudamiento contratado”.
En este sentido se concede un plazo perentorio de 30 días naturales para que la Auditoría Superior de Fiscalización dé inicio a la auditoría especial y notifique a las dependencias que hayan recibido los recursos.
Sobre la modificación del decreto 936 que quita al Ejecutivo la facultad para ejercer los millones para la adquisición de un predio y la construcción de una nueva sede legislativa, estriba en la molestia de los legisladores, “pues a un año de publicado (…) hasta este día el Poder Ejecutivo no ha podido adquirir el terreno, presentar el proyecto ejecutivo, licitar la obra ni iniciar los trabajos de construcción del nuevo recinto parlamentario”.
Con la modificación del citado decreto, la LII Legislatura se convertirá en líder del proyecto a fin de poder iniciar los trabajos relativos a la adquisición del predio adecuado y la referida construcción.