La tortura en México, sistémica, acusa Amnistía Internacional

MÉXICO, DF., 4 de septiembre de 2014.- “Generalizada y persistente”, la tortura en México “desempeña un papel central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales”, alerta Amnistía Internacional en su informe Tortura y otros malos tratos, informa la red de Noticias MVS”.

Expone que la tortura es “habitual” entre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos, quienes “justifican, toleran o hacen caso omiso de la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El resultado es “una impunidad casi total” para los autores de los abusos y un “auténtico temor” para el 64 por ciento de la población, de que “cualquier detención pueda desembocar en torturas.”

El organismo humanitario revela que, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que “se ha reducido” la tortura en la actual administración, “la cifra de quejas registradas en 2013 (1.505) era aún un 600 por ciento superior a la registrada antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006.

Asimismo, aclara que el registro de quejas que argumenta la CNDH “no es una medida exacta” de los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en el país, ya que muchas personas “no presentan denuncia” y, agrega Amnistía Internacional, “el reducido número de casos en los que se hacen recomendaciones públicas no refleja el nivel real de la tortura y los malos tratos, sino los defectos en la tramitación de los casos por parte de la CNDH.

En México hay más de medio millón de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que pertenecen a una de las 32 fuerzas de policía preventiva o policía judicial estatales (incluido el Distrito Federal) o de los cientos de fuerzas policiales municipales.

Los relatos de los y las sobrevivientes de la tortura y de las ONG locales recogidos por Amnistía Internacional indican que la mayoría de las denuncias de tortura y otros malos tratos guardan probablemente relación con abusos cometidos por miembros de estas fuerzas.

Sin embargo, esto no se refleja en los datos nacionales publicados por la CNDH. De esta manera, Amnistía internacional reclama que la CNDH haya recibido 7.164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013, pero “ninguna desembocó en una condena penal por tortura.

De hecho, muy pocas quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos se traducen en enjuiciamientos penales, no digamos en condenas por tortura.” Según datos del Consejo de la Judicatura Federal de enero de 2014, los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; siete desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal.

“Hasta 2013, sólo se habían registrado cinco condenas por tortura en el ámbito estatal… En 2012, el gobierno mexicano informó al Comité contra la Tortura de que se habían dictado únicamente seis sentencias por tortura desde 2005, además de 143 sentencias por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones”.

“Esto refleja una constante en la que los delitos de tortura se rebajan a infracciones menos graves que conllevan condenas más leves o, en algunos casos, son tratados como asuntos disciplinarios menores,” lamenta Amnistía Internacional.

Aun en el caso de que los recientes informes de la CNDH sobre la disminución de la tortura “sean correctos,” la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México: en 2013 hubo un 600 por ciento más de denuncias respecto de 2003.

“El sistema de justicia no puede o no quiere prevenir la tortura.” Las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas están estrechamente ligadas a la tortura para obtener “confesiones” a través de semi-asfixia, palizas, violencia sexual, descargas eléctricas o amenazas de muerte contra la víctima o familiares cercanos.

Esto se ha traducido en “juicios injustos que ha dejado a muchos inocentes en prisión y a muchos delincuentes en la calle”, y la ausencia de “investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas” en México imposibilitan que las víctimas demuestren que han sido torturadas, reclama Amnistía Internacional.

Las autoridades tienen la obligación legal de hacer que rindan cuentas funcionarios o particulares “que haya infligido tortura a instigación de un funcionario público; apunta el informe “Tortura y otros malos tratos” de Amnistía Internacional que aparecen dentro de su campaña global “Stop Tortura”, donde denuncia a “autoridades políticas, judiciales y administrativas han minimizado la importancia del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos.”

Por otra parte, el organismo humanitario alerta que “las investigaciones gravemente defectuosas de fiscales, órganos disciplinarios y comisiones de derechos humanos, han permitido que muchas autoridades aleguen que la tortura es un problema mucho menos grave de lo que es realmente.” De hecho, reclama que pese a que la Relatoría Especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, advirtió del “uso generalizado de la tortura” en México, el actual gobierno “guarda silencio sobre la cuestión.”

“La ausencia de un liderazgo político claro y de una auténtica voluntad política de sucesivos gobiernos ha permitido que funcionarios e instituciones hagan caso omiso de su responsabilidad de tomar medidas contundentes cada vez que salen a la luz denuncias de tortura y otros malos tratos. Amnistía Internacional apunta que desde hace once años, en 2003, México “prometió” al mundo que implementaría una versión “adaptada” del Protocolo de Estambul (la norma internacionalmente para la investigación y documentación efectivas de la tortura y otros malos tratos). Sin embargo, en el dictamen especializado de la PGR ante casos de posible tortura y malos tratos, “no se aplica el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato” y se suele “incumplir” con la norma establecida en el Protocolo de Estambul.

Así, se ponen de manifiesto “las carencias institucionales que permiten la tortura y la ineficacia habitual de las investigaciones oficiales.” Amnistía Internacional recomienda a las autoridades mexicanas que aborden la situación “con urgencia” a fin de erradicar la tortura y otros malos tratos y hacer que rindan cuentas los perpetradores, incluidos quienes, pudiendo hacerlo, no actúan para prevenir la tortura.

La tortura es “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.

Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Serán culpables de tortura y otros malos tratos los funcionarios públicos que inflijan o instiguen estos actos, o cuando éstos se cometan con su consentimiento o aquiescencia,” apunta Amnistía Internacional.