Condenan activistas legalización de fuerza pública en manifestaciones

CUERNAVACA, Mor. 23 de mayo de 2014.- La Comisión Independiente de los Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHEMOR) se sumó a la condena y preocupación que emitió la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” por las leyes que avalan el “uso legítimo de la fuerza pública” en manifestaciones y protesta social en Chiapas y Puebla.

La organización morelense, se sumó al manifiesto signado por 74 organizaciones defensoras de los derechos humanos de 20 estados del país, lamentaron que el pasado 15 de mayo el Congreso de Chiapas, primero y el 19 de mayo, despues, el Congreso de Puebla, hayan aprobado legislaciones que avalan el uso de la fuerza, contra protestas sociales.

Ahi, detallan que el Congreso de Chiapas, aprobó el Código de uso legítimo de la fuerza pública, cuyo dictamen regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales y avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

Mientras que en Puebla, se aprobó la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal”, cuando su vida este en peligro, durante manifestaciones públicas; también abre la puerta a detenciones arbitrarias.

En este contexto los representantes de la organización, Jose Martínez Cruz y Juliana Quintanilla, destacaron que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, “por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas”.

Martinez Cruz recordó que en meses recientes, los activistas han denunciado la tendencia que existe tanto a nivel federal como en los estados de aprobar leyes que pretender restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social; “además de que los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública”, dijo.

Indicó que en estas leyes hay ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades.

De ahi que, reiteró Juliana Quintanilla, “nos sumamos a la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, que han señalado que con estas nuevas leyes se pretende legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas”, finalizó.