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TEPOZTLAN, Mor. 14 de mayo de 2014.- En las próximas horas, el centro Morelos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) sus subcontratados (Tradeco y el INAH) deberán de suspender las obras de ampliación a cuatro carriles de la Autopista Cuautla-La Pera en acato a a la resolución del amparo 1466/2013-6, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito.
Si las autoridades involucradas no acatan esta resolución, podrían enfrentar, juicio político, deshabilitación y hasta la cárcel, advirtió el Movimiento Frentes en Defensa de Tepoztlán.
El movimiento, esta a la expectativa del cumplimiento del resolutivo, resultado del recurso de revisión 17/2014 que se interpuso ante la resolución del amparo 1466/2013-6 , en el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito conformado por el Magistrado Presidente Guillermo del Castillo Vélez y el Magistrado Alejandro Roldán Velázquez así como la Licenciada María Mercedes Leos Campos.
En un comunicado, el movimiento asegura que la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo deja en claro la decisión y no da cabida a la ambigüedad: “significa que los trabajos en nuestro territorio deben ser suspendidos. Los términos legales marcan que la SCT y sus subcontratados (Tradeco y el INAH) deben ser notificados a más tardar el próximo martes 13 de mayo, fecha en la que ya no debe haber ni maquinaria ni personal de ningún tipo en nuestro territorio”.
Ahi, refieren que aunque ningun autoridad se ha pronunciado al respecto, “en esta semana tendrán que dar la cara, salir de nuestro territorio y por lo menos dar alguna declaración”, de ahi que hacen un nuevo llamado a la sociedad, a las instancias internacionales y a los medios de comunicación nacionales e internacionales a estar pendientes del cumplimiento cabal de esta resolución.
“El gobierno lleva más de seis meses trabajando ilegalmente y tendrá que responder por la destrucción de nuestro territorio. Aunque ya hay elementos sólidos para acusarlos de desacato, si no cumplen esta resolución enfrentarán juicio político, deshabilitación y hasta cárcel. El gobierno nos ha criminalizado y con esta resolución demostramos que hay razones fundadas y de peso para detener los trabajos del ilegal proyecto de la ampliación”, refieren.
Destacan, finalmente, que con esta resolución “demostramos que tenemos la razón y que la lucha por defender nuestro medio ambiente, nuestra salud y el verdadero progreso y bienestar de la gente apenas comienza. Estamos hartos de tanta mentira, demagogia y corrupción”.
“Estamos hartos de tener gobernantes que lo único que les interesa es crear las condiciones necesarias para asegurar un nuevo puesto en las siguientes elecciones. Estamos hartos de la traición al verdadero y legítimo interés común. Estamos hartos del despojo”, finaliza el texto.