Deben permitir sanciones ejemplares: Marisela Velásquez

CUERNAVACA, Mor., 5 de mayo de 2014.- “Quien la deba que la pague”, afirmó la vicepresidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión, Marisela Velásquez Sánchez, al ser cuestionada sobre el inicio de acciones administrativas y legales que el Congreso local ordenó llevar a cabo en contra del ex edil de Cuernavaca, Manuel Martínez, por posible fraude al erario público.

“Hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones, para que estas instituciones que se encargan de este tema puedan castigar a políticos que incurran en irregularidades –sin importar el partido político al que pertenezca–, y se pueda aplicar todo el peso de la ley”, consideró.

Entrevistada durante el cierre de un recorrido por 18 colonias para la entrega de juguetes a niños de la capital morelense, la diputada federal por Morelos advirtió que si los partidos políticos quieren recuperar su credibilidad, deben permitir la aplicación de sanciones ejemplares a quienes incurran en el mal manejo de los recursos públicos.

“Juventud no es sinónimo de inexperiencia o irregularidades administrativas”, aseveró.

Cabe recordar que en días pasados, el Congreso local hizo públicos los resultados de las auditorías practicadas al ex edil de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, en los que el entonces priista no acreditó “razonablemente su situación financiera”.

Las revisiones que la Auditoría Superior de Fiscalización realizó a las finanzas públicas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, derivaron en la orden específica del Congreso local de iniciar los procedimientos administrativos o de tipo penal correspondientes en contra del ahora diputado local independiente.

Manuel Martínez anunció que iría al amparo, dado que está siendo revisado por un auditor parcial “que viola la ley de manera flagrante y constante, pero que además tiene compromisos muy sólidos con mis adversarios políticos”.

El diputado independiente argumentó también, que el auditor Luis Manuel González violentó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, al entregar la declaratoria 18 meses después; de ahí que exigirá su destitución al cargo.