Víctima de tortura en Morelos presenta testimonio ante relator de la ONU

MÉXICO, DF, 30 de abril del 2014.-Ante Juan E. Méndez, el Relator Especial sobre Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jaime Domínguez Pérez presentó su testimonio sobre la tortura de la que fue víctima por oponerse a la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad, por parte de elementos de la policía estatal morelense, en un contexto en el que “la práctica de la tortura se incrementó en 500 por ciento en el sexenio de Felipe Calderón y ahora con (Enrique) Peña Nieto no ha variado, va en aumento y está muy crítica”, informó Javier Enríquez, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, informó La Jornada.

El funcionario de la ONU se encuentra en el país a invitación del gobierno federal desde el pasado día 21 de abril y hasta el 2 de mayo para evaluar la implementación de la nueva legislación procesal penal, la extracción forzada de confesiones y uso del arraigo, entre otros temas. Domínguez presentó su testimonio durante 20 minutos el sábado 26, “había mucha gente esperando” hablar con el relator Méndez, apuntó.

Domínguez Pérez detalló en su testimonio que fue detenido la mañana del 19 de septiembre de 2013 en la colonia Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, cuando con otro centenar de personas fue a reclamar a trabajadores de la empresa que construye el gasoducto citado que estuvieran laborando, ya que tenían un acuerdo con el presidente municipal de que los trabajos estarían suspendidos hasta el mes de octubre.

Entonces, policías estatales “del mando único” de Morelos, acompañados por personal con chalecos de la CFE de los que trabajan en la instalación del citado gasoducto, que cruzará por los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo detuvieron sin orden de aprehensión y lo aislaron del grupo; jalándolo del cabello lo subieron a una camioneta, donde lo esposaron con las manos a la espalda, lo trasladaron al sector de Cuautla que está en Tetelcingo y después a la Torre Morelos en Cuernavaca y a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y no fue, sino hasta el día 21, de septiembre que fue liberado a las 14:00 horas bajo una fianza de 610 pesos a reserva de volverlo a llamar a declarar por los cargos de “amenaza, portación de arma blanca y lo que resulte”.

Durante ese lapso, explicó, fue víctima de amenazas, maltrato, privación de agua y alimentos, golpes en los oídos y en diversas partes del cuerpo, incomunicación, y fue mantenido esposado lo que le ocasionó hinchazón y calambres en manos, brazos, hombros y espalda. “No se me dijo la razón de mi detención ni los cargos que se me estaban imputando, solo se me dijo que había un abogado de oficio y negué el servicio porque solicité la presencia de mi abogado particular y además de pedir hacerle una llamada telefónica, misma que realiza con desgano, sonando ocupado el teléfono, le pido que la vuelva a realizar y me contesta que no está para contentillo”.

Pese a que desde un principio informó a los policías que es hipertenso, no le proporcionaron la medicación que requiere sino hasta el 20 de septiembre por la noche, después de la intervención de José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, de Samantha César del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHM), Cuauhtémoc Magdaleno González y de Amnistía Internacional.

Recalcó que jamás cometió esos delitos “nunca porto ni porté ningún tipo de arma blanca. Tampoco amenacé a ningún trabajador o funcionario. Además quiero estipular que viví tortura física y psicológica por parte de los policías del mando único, teniendo graves afectaciones en mi salud, principalmente en mis oídos dañándolos en un 10 por ciento en el oído izquierdo y un 40 por ciento de mi oído derecho, afectando mi capacidad auditiva. También tengo lesiones en cara y nariz, dolor de espalda, calambres en la espalda y manos, dificultad para respirar. Además de secuelas psicológicas por la agresión vivida”.

Domínguez indicó que le presentó al relator Méndez certificados médicos de las lesiones y secuelas de la tortura que sufrió

Enríquez, por su parte, subrayó que en el caso de Domínguez además de que el juicio no avanza, el Ministerio Público presenta como “lesiones” y no como “tortura” el daño infligido por los policías y la CEDHM no ha intervenido cuestionando a la autoridad por dicha tortura, no le ha aplicado el Protocolo de Estambul -que es una guía para que médicos y abogados investiguen si una persona ha sido torturada o no- y le ha pedido a Jaime estudios médicos que le hayan hecho cuando se supone que debería contar con médicos legistas que realicen su propio diagnóstico.