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CUERNAVACA, Mor., 14 de marzo de 2014.- El Juzgado Segundo de Distrito publicará el próximo martes, de forma oficial, si mantiene la determinación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de destituir al alcalde, síndico, regidores y tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata o invalida la sentencia original, deriva del incumplimiento de pago a una empresa constructora de casi cuatro millones de pesos.
Este viernes, el TCA y la defensa de los ofendidos –que el pasado siete de marzo solicitaron la protección de la justicia federal- comparecieron ante la sala quinta del Juzgado mencionado, para desahogar la audiencia incidental correspondiente y a través de la cual, se determinará la suerte del munícipe, su cabildo y una funcionaria. Ambas partes presentaron sus alegatos y será el juzgado lo que determine lo legalmente conducente.
El pasado seis de marzo, el TCA notificó al presidente municipal, Carlos Martínez Valera; al Síndico, Ignacio Caspeta Hernández; a los regidores Felipe de Jesús Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce, y a la Tesorera, Iliana García Ortega, que se encontraban destituidos, por lo que ordenó al Secretario General de la comuna, José Manuel Pineda Martínez llamar a sus suplentes para continuar el proceso de pago a favor de la empresa Caminos y Construcciones Sánchez S.A. de C.V.
El munícipe y el resto de los aludidos, buscaron una suspensión definitiva de los actos del TCA, por lo que este viernes el juez les llamó para conocer, por un lado, el informe de autoridad del Tribunal y los alegatos que presentasen los afectados. Ambos documentos fueron presentados por escrito y será el martes que la resolución judicial sea conocida vía estrados y notificación personal para los involucrados.
Si el juzgado confirma la resolución del TCA, el caso de Martínez Varela será el primer asunto en el país en el que el cabildo en pleno y una funcionaria son destituidos, en este caso por el incumplimiento en el pago de servicios contratados a particulares.