Morelos detecta anomalías en administración del PAN

CUERNAVACA, Mor. 13 de marzo de 2014.- La administración anterior, gobernada por el PAN, retuvo cuotas obrero-patronales por 207 millones de pesos, contabilizados al 30 de septiembre de 2012, de acuerdo con las auditorías practicadas al gobierno 2006-2012, cuyos resultados obran en el pliego de observaciones detectadas por la Secretaría de Hacienda estatal.

De acuerdo con publicación de El Universal, por ahora la fiscalía estatal sólo imputó al ex tesorero de la administración (2006-2012), Alfredo Jaime de la Torre, la defraudación de 173 millones de pesos.

El procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado, declaró que hay otros servidores públicos involucrados en el delito de peculado agravado pero precisó que las investigaciones no alcanzan al ex gobernador panista Marco Adame Castillo.

Dorantes Salgado sostuvo que el proceso penal que se sigue contra Jaime de la Torre, de filiación panista, es similar a las irregularidades financieras detectadas en los estados de Tabasco y Sonora.

El fiscal negó que este proceso signifique una “cacería de brujas” contra servidores de la administración anterior, sino que corresponde a una investigación donde obran elementos para acreditar el delito de peculado.

En las investigaciones resalta el dato de que las auditorias arrojaron que el gobierno estatal saliente “efectúo retenciones a sus trabajadores para el pago por cuenta de ellos de diversos créditos con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, así como descuentos de las cuotas obrera del I.M.S.S. y del I.S.R. por un monto total de $207 millones 809 mil 165 pesos, y presentados en el Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2012”.

Los descuentos observados no fueron entregados a los proveedores de los trabajadores ni a las autoridades fiscales correspondientes, y por lo tanto se desconoce el destino o aplicación de dichos recursos.

La base del proceso penal estriba, según el resultado de las auditorias, que las cuotas omitidas, la falta de pago de los impuestos retenidos o los pagos a los proveedores señalados afectaron los créditos de los trabajadores con los terceros y sus prestaciones.

MÁS INCONSISTENCIAS

En la revisión de los ingresos y egresos ordenada por el gobernador perredista Graco Ramírez se detectó que de las auditorías practicadas a las finanzas y de gestión de las administraciones morelenses de 1999 al 2012, arrojaron una “falta de depuración de registros contables no reconocidos por las instituciones bancarias por un monto de 5.6 millones de pesos en depósitos y 71.6 en retiros”.

Ya en las investigaciones particulares que sigue la fiscalía morelense contra servidores del gobierno anterior, encabezado por el panista Marco Adame Castillo, considera la “práctica del registro como gastos por montos no devengados y obras no realizadas por 163 millones de pesos”.

Los datos sobre el pliego de irregularidades fueron expuestas al gobernador a inicios del año pasado por su gabinete de Finanzas y parte de los resultados fueron presentados en conferencia de prensa.

Así también encontraron que los gastos reportados al 31 de diciembre de 2011, incluyen el registro por 75 millones correspondientes a la provisión 2011 de 210 obras pendientes de ejecutar.

En los resultados de las auditorias se precisa que esas obras se ejecutaron en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012, “año en el que el registro del gasto efectivamente ejecutado no correspondió a la realidad”.

Entre las presuntas irregularidades también detectaron la falta de soporte documental para justificar la transferencia de recursos estatales, por un monto de 70.3 millones del Fondo de Seguridad y Justicia, a la cuenta concentradora del Gobierno del Estado, efectuada el 26 de septiembre de 2012, con lo que -cita la auditoria- las autoridades panistas incumplieron con la normatividad en la materia.

En el rubro educativo encontraron la existencia de un saldo por 95 millones a cargo del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), “sin contar con contrato, convenio, acuerdo, pagaré u otro documento que acredite la procedencia de la operación”.