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CUERNAVACA, Mor., 08 de marzo de 2014.- En Morelos no se tolera la violencia contra la mujer ni hacia las familias en general, y para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de los morelenses, el Gobierno del estado y los municipios, trabajan de manera coordinada, señaló el gobernador, Graco Ramírez.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2014, hoy sábado 08 de marzo, el Gobernador y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Morelos, Elena Cepeda, encabezaron actividades en la Plaza de Armas de Cuernavaca.
Ante un importante número de mujeres destacadas en el ámbito de la política, la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el Gobernador recordó que Morelos será el primer estado del país en poner en marcha el proyecto “Ciudad Mujer”.
El mencionado proyecto tiene propósito de brindar herramientas para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, y puede funcionar como una ventanilla única de servicios de atención a profesionistas, jefas de familia, empleadas, estudiantes y más sectores.
De acuerdo a las estadísticas, el estado de Morelos ocupa uno de los primeros lugares en embarazos de niñas de 11 años en adelante, lo cual, dijo Graco Ramírez, se debe a la falta de educación sexual e información sobre métodos anticonceptivos.
En tal sentido, indicó que en la iniciativa de Reforma Educativa presentada al Congreso del estado, la educación sexual está considerada como una materia escolar más, lo cual permitirá a las adolescentes decidir cuándo desean embarazarse, para hacerlo con responsabilidad.
El Gobernador de Morelos expresó que las autoridades de procuración de justicia trabajan en los cuatro casos de desaparición de mujeres ocurridos en años anteriores, en los cuales en cada uno de ellos habrá justicia.
Añadió que las investigaciones tienen un avance significativo y pronto habrá resultados satisfactorios para hacer justicia a los familiares de las jóvenes desaparecidas.
Al respecto, recordó que Morelos es el primer estado del país en contar con una Ley de Atención a Víctimas, con un fondo de 30 millones de pesos para garantizar la reparación del daño a las víctimas del delito.