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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero del 2014.- Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM propondrán la creación de un nuevo Reglamento de Transparencia para la Cámara alta, que obligará a hacer públicas las bolsas millonarias que se entregan a las bancadas, aunque sólo dos veces por año, informó el periódico Reforma.
De acuerdo con el proyecto, que será llevado hoy a la tribuna, se establecen nuevas obligaciones en materia de transparencia para la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, que deberán publicar y actualizar sus sitios electrónicos con información.
Entre las obligaciones está publicar un informe semestral del uso y destino de recursos financieros que el Senado otorga a los grupos parlamentarios.
Sólo el año pasado, esa bolsa de uso discrecional rebasó los 706 millones de pesos.
Los legisladores no han informado sobre el destino de esos recursos, a pesar del acuerdo que firmaron y aprobaron desde agosto.
Según la propuesta, los órganos de gobierno y las bancadas también quedarán obligados a revelar el listado del personal que labora con ellos y su salario.
La información deberá contener la remuneración mensual por puesto así como las contrataciones de servicios personales, incluyendo el nombre del prestador del servicio, objeto del contrato y vigencia del mismo.
Luego de diversos escándalos por la contratación de cientos de asesores, cuyo perfil ha sido cuestionado, los legisladores también deberán hacer público el monto de contrataciones de servicios personales.
Por otro lado, la propuesta de los legisladores contiene un capítulo sobre el manejo de información reservada y confidencial.
En este apartado, se advierte que tendrá carácter de reservada la información que, de difundirse, menoscabe la conducción de negociaciones parlamentarias o comprometa el sentido de una negociación legislativa.
También se considerará como reservada la información entregada, con carácter de confidencial, por otros estados, gobiernos, parlamentos u organismos, ya sean nacionales o internacionales.
Bajo este mismo criterio, quedarán reservadas las averiguaciones previas en las que el Senado sea parte o que involucren algún legislador o empleado de la Cámara.
Tampoco serán públicos los expedientes de los procedimientos administrativos internos del Senado, mientras no hayan causado efectos.
“Quedan reservados los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, la información que contenga opiniones que forman parte del proceso deliberativo de los senadores y servidores públicos del Senado, recomendaciones o puntos de vista del proceso parlamentario, y la contenida en expedientes relacionados con juicios políticos”, se establece.
Tampoco serán públicas las versiones estenográficas y actas de sesiones efectuadas por el Pleno, comisiones o comités en secreto.
En el apartado de sanciones, se establece que sólo podrán ser castigados por incumplimiento los servidores públicos y los prestadores de servicios del Senado.
Las penalidades serán aplicadas por la Contraloría Interna y la reincidencia será considerada como responsabilidad grave.
“Las responsabilidades administrativas generadas por incumplimiento de la ley y este reglamento, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.