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CUERNAVACA, Mor. 9 de diciembre de 2013.- El 24 de mayo de 2012, Javier Nava Castillo asumió el cargo de tesorero del ayuntamiento de Cuernavaca, y tras recibir el informe de la situación financiera del municipio, de manos de Alma Graciela Rodríguez Torres a quien él sustituyera, se dio a la tarea de revisarlo. Unos días después se percató de que existía un “asiento” registrado por 300 millones de pesos, en una cuenta cuya única referencia era “acreedores diversos”, sin más información.
Ante la solicitud del nuevo tesorero, Graciela Rodríguez le hizo llegar los documentos donde se indicaba que dicho depósito correspondía a la apertura de un crédito con el banco BBVA Bancomer, autorizado por el Congreso local desde septiembre de 2011.
El crédito había sido autorizado al gobierno de Manuel Martínez Garrigós para el refinanciamiento de otro adeudo -por 600 millones de pesos- con el banco del Bajío, sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2012, luego de que el ayuntamiento, encabezado ahora por Rogelio Sánchez Gatica, firmara el pagaré, cuando el recurso fue depositado en una cuenta a nombre, precisamente, del edil.
Fue el 28 de marzo de 2012, cuando Alejandro Zínzer Sierra, encargado del área jurídica de BBVA Bancomer, le habló a Sánchez Gatica, para informarle que los empleados del banco le habían comentado que se estaban haciendo demasiadas disposiciones -al menos 20- de la cuenta 0186680585, donde el ayuntamiento había recibido el recurso del crédito. Antes de que Sánchez Gatica ordenara congelar la cuenta, ya se había dispuesto de al menos 154 millones de pesos, más de la mitad del recurso.
Para realizar este tipo de disposiciones el banco otorgó a Sánchez Gatica y a Graciela Rodríguez un par de dispositivos electrónicos de seguridad y autenticación denominados Token, a través del cual el usuario puede realizar transacciones sin la necesidad de acudir a la sucursal. Sin embargo, Sánchez Gatica alega que nunca recibió el dispositivo, aunque sí firmó de recibido.
Uno de los elementos de mayor peso en la acusación que hace la fiscalía, además de la disposición “inexplicable” de dichos 154 millones de pesos -de los cuales Sánchez Gatica logró recuperar 117 millones- es que, a pesar de que el ex edil supo del caso el mismo 28 de marzo, y de que en julio de 2012 fue prevenido respecto a que debía presentar una denuncia, no fue sino hasta agosto de 2012 cuando el ex edil presentó la queja.
Al terminar la audiencia de vinculación a proceso en su contra, Sánchez Gatica reiteró no saber “cómo sucedió” ni “quién dispuso del recurso”, incluso aseguró “no saber si Graciela Rodríguez tuvo algo que ver”.