5 años de terror en Morelos, tras la caía de Beltrán Leyva

CUERNAVACA, Mor, 2 de agosto del 2014.- La tarde de 2009 en que Arturo Beltrán Leyva fue acribillado por la Marina en el edificio Elbus de la ciudad de Cuernavaca, el estado de Morelos ingresó en un periodo de terror que cinco años más tarde no ha terminado.

Con Arturo Beltrán moría aquella tarde el encargado de manejar a los grupos de sicarios que operaban en el corredor Cuernavaca-Acapulco: Jesús Nava Romero, El Rojo. De acuerdo con la Marina, El Rojo fue aquel lugarteniente que al verse copado por las fuerzas federales, luego de 90 minutos de balacera, decidió arrojarse desde la ventana de un sexto piso.

Como ocurre con la mayor parte de los grupos criminales tras la detención o el abatimiento de sus líderes, Los Rojos empezaron a operar por cuenta propia. Narcomenudeo, secuestro, extorsión, cobro por “derecho de piso”.

La organización quedó en manos de un cuñado del líder original, Crisóforo Rogelio Maldonado, alias El Bocinas. En el contexto de inseguridad que legó a Morelos la administración del panista Marco Antonio Adame, Los Rojos lograron convertirse en el grupo criminal con mayor presencia en el estado. En poco tiempo se asentaron en el sur, mediante el control de policías y autoridades de varios municipios, y a través de la disputa de territorios con otra organización escindida del grupo de los Beltrán: Guerreros Unidos, la segunda con mayor presencia en Morelos.

El coctel fue letal. En sólo dos años (2010-2012), el secuestro creció 58% en el estado. Los homicidios pasaron de 559 a 862. Las extorsiones se dispararon: 35 por cada cien mil habitantes (datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

El reinado de El Bocinas terminó en diciembre de 2012 cuando dos hombres disfrazados con batas blancas lo asesinaron en la unidad de terapia intensiva de Médica Sur (el hospital donde luchaba por reponerse de un atentado cometido cuatro días antes). A su sucesor, Antonio Román, La Moña, sicarios de Guerreros Unidos lo aniquilaron con saña unos meses más tarde.

Tras este asesinato, el control del grupo quedó en manos de Santiago Mazari Miranda, El 8 o El Carrete, un antiguo operador de Arturo Beltrán Leyva, a quien autoridades federales y estatales han señalado como el capo más peligroso del estado.

Santiago Mazari Miranda es oriundo de Amacuzac, pero hizo su carrera criminal sirviendo a Arturo Beltrán en Sonora. En 2009, su tío paterno, el actual diputado petista Alfonso Miranda Gallegos, obtuvo la presidencia municipal de Amacuzac. Según un documento confidencial de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, este hecho coincide, no sólo con el retorno de El Carrete a su municipio natal, sino también con su consolidación como amo absoluto en el sur del estado. Bajo la protección de Miranda Gallegos, señala el documento, El Carrete decretó asesinatos y controló el paso de droga, el narcomenudeo, el secuestro y la extorsión.

El documento indica que las osamentas halladas en Jojutla en estos días podrían estar relacionadas con él.

Durante cinco años, Mazari Miranda operó con impunidad total. Su nombre, conocido de sobra en la región, no pasó nunca a los medios. Incluso en febrero de este año, al responsabilizarlo —a él y a su tío— del secuestro de su padre y del asesinato del director de Seguridad Pública de Amacuzac, el actual alcalde del municipio, Noé Reynoso Nava, omitió llamarlo por su nombre: se limitó a decir que responsabilizaba “a Alfonso Miranda Gallegos y a su sobrino” de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a él o a su familia.

Al terminar su gestión como alcalde, Miranda Gallegos logró convertirse en diputado del PT por el distrito IX (Puente de Ixtla y Amacuzac). El documento indica que tanto El Carrete como el legislador han sido mencionados en repetidas ocasiones por lugartenientes y jefes de plaza detenidos por las autoridades a raíz del cambio de administración en el estado, y señala que autoridades estatales y federales han abierto en contra del petista nueve carpetas de investigación. En breve se iniciará un juicio para solicitar su desafuero.

En enero de este año, el ex secretario de Seguridad Pública de Baja California, Alberto Capella, llegó a hacerse cargo de la seguridad del estado e impuso el llamado Mando Único Policial Coordinado —que sustituyó a los cuerpos estatales y municipales como fuerzas policiacas: en mayo cayeron dos hermanos del fundador de Los Rojos, así como el jefe de plaza de Xochitepec; en junio fueron detenidos los encargados de Jojutla, Tlaquitenango y Zacatepec.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en seis meses los homicidios relacionados con organizaciones criminales bajaron, de 34 en enero, a 14 en junio; en el mismo lapso, el secuestro descendió a la mitad.

La respuesta de Santiago Mazari Miranda consistió en ordenar el asesinato del comisionado Capella. Los encargados de llevarlo a cabo —los jefes de plaza en Amacuzac y Tecala, Ranferi Díaz y Agustín Fonseca—, fueron, sin embargo, detenidos por la Policía Federal.

El periodo de terror que comenzó en 2009, aún no ha terminado.

FUENTE: LaVoz